El edificio de Comodoro Py, sede de los Tribunales Federales.
Una resolución de la Anses dispuso que unos 200 funcionarios judiciales que iniciaron sus trámites jubilatorios y siguen trabajando deberán renunciar o caerá su petitorio. Si bien la decisión del organismo dirigido por Fernanda Raverta se tomó la semana pasada, recién este miércoles la polémica decisión salió a la luz.
En el poder judicial es frecuente que al alcanzar los 60 años, jueces y fiscales inicien el trámite jubilatorio aunque sigan desempeñándose en sus cargos. Alrededor de 200 jueces y fiscales se encuentran en esa posición y ahora deberán analizan qué hacer.
Los camaristas como Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, el fiscal Carlos Stornelli o el juez de Casación Eduardo Righi, a quien denunció el abogado de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura, son algunos de los nombres que llenan la lista.
También está la jueza federal porteña María Servini, con competencia electoral y quien advirtió que no hará las PASO en la Ciudad de Buenos Aires si no vacunan contra el coronavirus a los empleados de su juzgado.
Desde la Justicia miran con desconfianza la movida. El Gobierno del presidente Alberto Fernández ya había presentado una ley en marzo pasado para modificar el régimen jubilatorio para los jueces y fiscales y eso generó que muchos magistrados decidiesen renunciar para no perder los beneficios que le otorgaba la reglamentación anterior.
El nuevo régimen, además de haber elevado el aporte sobre el sueldo de los magistrados, estipula que deberán jubilarse a través de la Anses y no del Consejo de la Magistratura, como se hacía hasta entonces. Asociaciones de magistrados y fiscales pidieron la inconstitucionalidad del régimen a fines de 2020.
