De no haber cambios de último momento, y como máximo en 15 días, el Consejo de la Magistratura lograría aprobar el petitorio del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz (hermano del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro), para revisar los decretos del ex presidente Mauricio Macri que habilitaron el traspaso de magistrados de primeras a segundas instancias y de fueros ordinarios a federales.
El voto clave en el plenario, que podría ser esta semana o la próxima, está en manos de la diputada nacional Graciela Camaño que si bien no hizo público su voto acompañaría la medida por lo cual quedaría 7 a favor y 6 en contra.
El documento que se pondrá a votación no analiza la situación de cada magistrado, sino que delega en la Corte Suprema la toma de la decisión. En concreto se le pedirá al máximo Tribunal que determine el carácter de los traslados, si fueron definitivos o temporarios. “La Corte va a tener que revisar uno por uno”, adelantó una fuente al tanto de las negociaciones.
La vía judicial mediante la Corte también tiene su motivo en sí. Es que los decretos presidenciales solamente pueden ser dejados sin efecto por un fallo judicial. De esta forma, al ir directamente hacía el máximo tribunal, se acortan los plazos, aunque todavía no hay certezas de que los ministros emitan un fallo contrario a los traslados.
“Desde mi punto de vista no tienen mayores efectos. Los traslados fueron dispuestos por el Poder Ejecutivo. Los decretos sólo pueden ser anulados mediante un juicio, que un juez lo haga. Así lo dispone la ley de procedimientos administrativos”, afirmó el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli.
“Es una embestida más contra la Justicia de parte del oficialismo, que busca limitar y amedrentar a los jueces independientes dentro de la embestida contra Casal. Apunta a lograr impunidad para los ex funcionarios que están presos y procesados”, agregó.
La clave en la respuesta de la Corte será determinar si hay magistrados que puedan volver a sus funciones anteriores al traslado.
