A más de ocho años de la Tragedia de Once, que dejó 52 muertos y 789 heridos, la Corte Suprema dejó firmes las condenas de 18 de los acusados, incluidos el ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, el ex presidente de Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima (TBA) Claudio Cirigliano y Marcos Córdoba, el maquinista del tren que chocó contra el anden de la estación.
El Máximo Tribunal, con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, rechazó las apelaciones de los condenados a juicio oral por lo que las condenas quedaron firmes dando por concluido el proceso y sin nueva posibilidad de revisión.
Las únicas situaciones procesales que quedaron pendientes son las del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, cuyo caso fue enviado nuevamente a la Cámara de Casación en busca de un doble conforme, y del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ya que su expediente no llegó a la Corte Suprema.
En diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a los acusados durante el juicio por los delitos de administración fraudulenta en prejuicio de la administración pública y estrago culposo.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Tassara determinaron que el tren funcionaba en malas condiciones ya que los fondos públicos que se recibían no iban al servicio, que los funcionarios públicos no controlaban el destino de ese dinero y que las falencias habían sido advertidas en informes públicos.
“Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir”, reconoció el conductor del tren que chocó en la estación de Once durante una pericia psicológica.
En su declaración, Córdoba se refirió al hecho de anular el llamado freno hombre-muerto, el cual el conductor debe mantener apretado en todo momento en caso de que si lo llega a soltar (en caso de desvanecerse o por muerte) hace que tren frene automáticamente.
La causa del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que tiene una pena de 7 años de prisión, quedó pendiente porque, luego de ser condenado por uno de los dos delitos del caso (administración fraudulenta), más adelante fue sentenciado por los dos. De esta manera, la Corte Suprema sostuvo que se requiere una doble condena antes de que el Máximo Tribunal se expida.
En el caso de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, recibió una pena de 5 años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta, aunque no por el estrago, lo que significa que los jueces entendieron que como funcionario era responsable de los fondos que el Estado le dio a la concesión para los trenes, pero no por las muertes y los heridos.
