Qué pasó. En mayo de 2017 los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez, con la autorización del juez Sebastián Casanello, le tomaron una declaración testimonial al “doleiro” arrepentido Leonardo Meirelles en el marco de una colaboración acordada con Brasil en la causa en la que se investiga el caso “Odebrecht & Aysa”.
Meirelles afirmó que realizó pagos indebidos al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas. “Estoy seguro de que Arribas recibió el dinero (...), le hice unas diez transferencias por 850 mil dólares a Suiza”, declaró. Este doleiro arrepentido fue una de las fuentes de información del juez brasileño Sergio Moro para avanzar en el “Lava Jato” y por el acuerdo que suscribió en el país vecino está obligado a decir la verdad, bajo amenaza de prisión efectiva por muchos años.
Como consecuencia de ello, Arribas denunció a Meirelles por falso testimonio y el juez Claudio Bonadio entendió que el “doleiro” mintió. Por lo tanto, ordenó su captura internacional y denunció a los fiscales que recibieron la declaración testimonial.
La denuncia le tocó al juez Daniel Rafecas y al fiscal Gerardo Pollicita, quienes consideraron que no había delito y la desestimaron. Pollicita afirmó que lo ocurrido se enmarcó en “cuestiones procesales” y que la actividad de los fiscales “no merece reproche penal alguno”.
Sin embargo, a pesar de no impulsarla, el juez Rafecas habilitó a Arribas como querellante, lo cual le permitió apelar la decisión ante la Cámara Federal. De este modo, el viernes a última hora, los jueces de la Sala II de la Cámara, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens (uno de los candidatos a camarista de la mesa judicial del presidente Mauricio Macri) ordenaron reabrir la causa contra los fiscales Delgado y Rodríguez. El juez Martín Irurzun, en cambio, votó en disidencia.
“No puede soslayarse que las circunstancias y la forma en que se produjeron las declaraciones de Leonardo Meirelles y Alberto Youssef, ameritan cuanto menos ahondar la pesquisa, los efectos de descartar cualquier posible conducta ilícita que se haya producido en dicho acto y que podrían llegar a exceder el mero marco de discusión sobre la debida aplicación de una norma procesal”, sostuvo el juez Bruglia en el fallo.
El fiscal Sergio Rodríguez en su cuenta de Twitter expresó "complicado investigar la corrupción en este contexto. El fallo de la Cámara me parece peligroso. Limita desde mi punto de vista las atribuciones de los fiscales y abre una especie de "expedición de pesca" sobre quienes tenemos la responsabilidad de investigar al poder. Raro...". Por su parte, el fiscal Federico Delgado le manifestó a A24.com su dificultad para investigar con la persecución de la AFI con una causa inventada.
Por qué es importante. Delgado y Rodríguez, más allá de las personas físicas, demuestran el entorno de fragilidad que envuelve al Ministerio Público Fiscal, cuyo trabajo es recoger pruebas para que las analicen los jueces. Se vuelve más dificil conseguir pruebas, cuando la reacción del Gobierno, a través de la AFI, es inventar un proceso penal en el momento en el que las pruebas se acercan a sus funcionarios.
Pero la persecución de la Agencia Federal de Inteligencia, apoyada por jueces designados por el Gobierno en Comodoro Py, avanza incluso con respecto a empleados judiciales, porque ordenan al juez Rafecas que reciba declaración a las personas que participaron de la teleconferencia. Se trata de técnicos en informática, traductores públicos, asistentes y secretarios. El objetivo de la medida es reconstruir el acto que, de todas maneras, está filmado...
El mundo del revés.
