Los números de la desigualdad laboral son alarmantes en todos los ámbitos y la Justicia no escapa a esto. Según un relevamiento que hizo el ministerio de Justicia bonaerense, entre 2014 y 2015, durante la gestión de Daniel Scioli, el 68% de los jueces y fiscales designados fueron varones. En tanto que las mujeres no superaban el tercio. En 2018, los números mejoraron. El 52% de los jueces, fiscales y defensores oficiales designados fueron mujeres.
“La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le pidió al ministerio de Justicia que generemos todas las condiciones para que haya más juezas en todas las instancias, más defensoras, más fiscales, más asesoras titulares”, señala ante la consulta de A24.com el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari.
Sin embargo, falta mucho para alcanzar la igualdad. De acuerdo con el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 2017, el sistema de justicia está compuesto mayoritariamente por mujeres pero, a pesar de ello, la presencia de las mujeres se reduce en los cargos superiores. El 72% de los cargos superiores están en cabeza de los varones, siendo el restante 27,2% mujeres.
El “techo de cristal” muestra claramente la segregación vertical, cuando, según este informe, en contrapartida, las mujeres son mayoría en número.
El ministro Germán Garavano expresó ante A24.com haber tomado cartas en el asunto. Las estadísticas elaboradas por su cartera muestran que, entre 2017 y 2018, de los 120 nombramientos para ocupar vacantes de jueces en los últimos dos años, 70 fueron para varones y 50 para mujeres.
La falta de mujeres también se evidencia en el ministerio Público Fiscal. Según un informe de la Dirección General de Políticas de Género del total de fiscales designadas/os por concurso entre 2000 y 2016 (187 nombramientos), el 27% son mujeres (51) y el 73% (136) son varones.
Ante este contexto, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó en el Congreso un proyecto de ley para integrar con al menos un tercio (⅓) de mujeres a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales colegiados nacionales y federales.
“Las vacantes que se produzcan a partir de la vigencia de la presente ley, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en cualquier otro tribunal colegiado de los tribunales nacionales o federales, deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla en cada uno, con el cupo femenino dispuesto”, afirma el proyecto de Carrió.
Parte de la política ha recogido el guante de este problema ante la demanda de igualar las oportunidades de las mujeres con respecto a los varones en la Justicia. Sin embargo, falta mucho.
Y, sobre todo, es de vital importancia que las medidas que tomen surjan de un interés genuino y de un profundo conocimiento en la materia para que no queden en medidas electoralistas o aisladas sino que apunten a mejorar la situación.
Es tiempo de abrir la estructura judicial para que se adecue al siglo XXI.
