Hace 15 días que los fiscales de las causas locales de “Odebrecht” Franco Picardi y Federico Delgado están envueltos en la burocracia judicial que frena, o al menos, retrasa la llegada de la información que ofrece Brasil hace un año y medio sobre los delatores premiados del Lava Jato.
Los fiscales ya hicieron todo lo que estaba a su alcance: incrédulos que el acuerdo de colaboración alguna vez se concretara, avanzaron con sus investigaciones locales de Odebrecht, cuando se firmó el acuerdo, rápidamente pidieron las declaraciones y por estos días tuvieron comunicaciones informales para ajustar detalles.
El punto crucial no tiene que ver solamente con las delaciones. En el vecino país hay mucha información suelta sobre el caso argentino que es necesario examinar y vincular. Los esfuerzos del Ministerio Público Fiscal están enderezados a acceder a todos esos datos.
Mientras tanto, los expedientes están plagados de paradojas. Por ejemplo, el juez Sebastián Casanello que está cumpliendo un cronograma de declaraciones indagatorias previas al escándalo de los cuadernos de Centeno, tiene versiones de imputados que niegan haber cometido delitos, aunque reconocieron infracciones similares como arrepentidos ante Bonadio. El caso más paradigmático es el de Carlos Wagner. Esto quiere decir que Wagner niega frente a un juez y se arrepiente frente a otro. El avance de la investigación de Claudio Bonadio tiene estos efectos colaterales sobre los que trabaja la justicia para evitar semejantes contradicciones.
Paralelamente, el juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene que responder con trabajo a los severos cuestionamientos que le hizo la Sala II de la Cámara Federal que, si bien resaltó el trabajo del fiscal Picardi, fue muy dura con el magistrado.
Tras las explosivas derivaciones del caso de los cuadernos de Centeno, se avecinan novedades en muchos procesos. La dimensión local del Lava Jato es una de ellas.
