El reconocido periodista de investigación Hugo Alconada Mon consiguió e hizo pública en La Nación información relevante sobre cómo las turbias operaciones del escándalo del Lava Jato se dispersaron entre funcionarios y empresarios argentinos. Esa información vital para que se llegue a la verdad en Brasil y se destraben las causas en la Argentina todavía no llega de forma oficial. El Estado nacional aún no lo ha logrado.
A través de la prensa, los ciudadanos empiezan a conocer el impacto real del caso “Odebrecht” aquí.
El hecho condensa interrogantes mucho más profundos. Una mirada rápida llevaría a pensar que se trata de un caso más de ineficacia estatal.
No obstante, si nos ponemos a examinar con más detenimiento aquella paradoja, podemos comprender mejor por qué Argentina es el país más lento a la hora de conocer “su” verdad del caso Odebrecht y también el verdadero significado de algunos movimientos en la justicia que reaccionan de una manera muy singular a las denuncias de corrupción.
Las publicaciones de La Nación, ayudan a comprender por qué frente a las sospechas sobre los jueces Jorge Ballestero -que presentó su renuncia ayer- y Eduardo Farah - cuyo traslado fue oficializado esta mañana- , a propósito del caso “Cristobal López”, el sistema político judicial optó por “correrlos” en vez de juzgarlos.
La investigación en el Consejo de la Magistratura contra Ballestero se termina una vez que sea aceptada oficialmente su renuncia. Solo lo puede investigar la justicia penal, pero - hasta ahora- la denuncia que hizo el abogado particular Adrián Bastianes no ha presentado avances en Comodoro Py.
Las revelaciones de Hugo Alconada Mon también ayudan a entender por qué el juez Claudio Bonadio optó por denunciar a los fiscales Sergio Rodríguez y Federico Delgado solamente por haber tomado una declaración a un testigo del Lava Jato - el "doleiro" Leonardo Meirelles-, replicando el modo en que había declarado en Brasil.
La variable corrupción
Estos contrastes tan peculiares entre los horizontes de la democracia como régimen y su desempeño real en la práctica tienen un impacto más general y específico. Su gran víctima es la seguridad jurídica.
Las prácticas políticas y económicas globales requieren que los países, a la hora de integrarse al mercado global, tengan un piso mínimo de seguridad jurídica. El concepto incluye varias dimensiones. Entre ellas, la eficacia en el combate a la corrupción.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de modificar sus reglas para incluir, entre los ítems a evaluar a la hora de monitorear y conceder préstamos a los países que integran el organismo, la relación entre la corrupción y el desarrollo. El Fondo se ajustó a los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Esto quiere decir que si el país necesita inversiones, como dicen los expertos, necesariamente debe alcanzar esos requisitos que se respetan en el mundo.
Sin embargo, el panorama frente a la corrupción es sombrío. Esto se puede resumir en dos casos que ilustran cómo funciona "el mecanismo" en el país:
La corrupción incide y afecta otras necesidades del país que parecen desvinculadas de problemas internos, pero que están íntimamente conectadas.
