La decisión del Tribunal Oral Federal 2 de rechazar 50 impugnaciones -entre ellas las de Cristina Kirchner-, en marco de la causa “Obra Pública” va a rebotar inexorablemente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En manos del alto tribunal está la responsabilidad de disipar las sospechas que envuelven tanto a este juicio como a otras causas de corrupción.
Lo poco que se mueve por estos días en los tribunales se limita al conjunto de causas vinculadas al kirchnerismo. Pero esos movimientos, en general, carecen de eficacia sustancial. Es que mientras los abogados defensores van por todo y piden, lisa y llanamente, el fin de los procesos judiciales, los tribunales de primera instancia e intermedios se niegan a tomar decisiones de fondo.
Los magistrados se amparan en los tecnicismos formales para que, por un lado, salir del paso y dar una respuesta formal a las partes; y por el otro, evitar expedirse sobre las irregularidades específicas que plantean los defensores. Más allá de quien tenga razón, el resultado obvio es que todos los caminos se angostan y conducen a la Corte Suprema.
La Corte, como cabeza del Poder Judicial, ve incrementado notoriamente su poder político porque tanto la política como los jueces de Comodoro Py, decidieron guiar las velas de sus barcos hacia ese puerto. Un claro ejemplo son los gobernadores, quienes reclaman su tutela para rechazar las recientes medidas económicas del Ejecutivo después del golpe de las PASO. Mientras que Comodoro Py utiliza los mecanismos del Código de procedimiento para que sea el alto tribunal el que legitime con su palabra los casos de corrupción del kirchnerismo o los desarme.
En el Ministerio Público Fiscal también reina cierta inquietud y algunas decisiones judiciales aumentan su intensidad. El organismo, desde la salida de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, permanece en un estado de mucha fragilidad. En la práctica, carece de un funcionario que ejerza el cargo con la autonomía. Su reemplazante interino, Eduardo Casal, se limitó a las tareas administrativas y, de acuerdo con algunas fuentes judiciales, las decisiones trascendentes se cocinaron en otras oficinas. Una de ellas, se vincula con la estrategia para administrar internamente el “caso Stornelli”, en el cual, hasta el momento, reinó la prudencia.
La Procuración, de algún modo, sigue los pasos de la justicia federal. Si la táctica es la misma, alguna novedad podría avecinarse debido a un reciente fallo. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso del fiscal y le acota cada vez más los caminos para discutir la rebeldía que dictó el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Dicha resolución podría acarrear con algún efecto. Sobre todo, porque el gran paraguas que alojó hasta el momento al fiscal quedó reflejado en la fotografía que lo ubicó cerca del presidente Mauricio Macri en el acto oficial del día del ejército.
El cambio de correlaciones de fuerza luego de las PASO pesa y mucho -aunque no debería- en la justicia.
