El juez le reprochó “la presunta comisión del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública construida a través de irregularidades en el trámite de determinados expedientes entre el 1° de julio y el 9 de diciembre del año 2015, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social”.
Canicoba Corral la procesó por “haber participado en el desvío del dinero del fondo mediante la participación que le cupo en la confección de los sumarios administrativos incoados al efecto, en los que fueron seleccionados por mejor oferta proveedores que no fueron convocados y en cuya cabeza se justificaron gastos -en concepto de adquisiciones o pago de servicios- que no fueron provistos”.
Esas erogaciones fueron justificadas “mediante la presentación y agregado de facturas apócrifas, en cuanto no fueron extendidas por los comerciantes, no son originales o no cuentan con convalidación de la AFIP o no se corresponde con la original del local”, resume la acusación.
Velázquez planteó que no había existido impulso fiscal inicial en su contra sino que se agregaron presuntos hechos nuevos para justificar el llamado a indagatoria, cuando en realidad se trataba de una situación superada y precluida.
La Cámara replicó que “en lo que se refiere a la ausencia de impulso fiscal es necesario partir de la premisa de que el hecho no es fijado estáticamente por la acusación en su identidad, sino que es susceptible de modificaciones, dado que el estado embrionario en que se confecciona el requerimiento de instrucción puede implicar un cierto grado de indeterminación respecto de algunos elementos, los que solo se irán evidenciando con el transcurso de la correspondiente investigación”.
Velázquez fue la funcionaria que al asumir como ministra de Educación de Santa Cruz, durante la actual gestión de Alicia Kirchner, pronunció un discurso inaugural en la que aludió a los estudiantes como "jóvenes y jóvenas".