La jueza Marta Cirulli dejó en suspenso el proceso de la quiebra ante la apelación de la empresa de la familia Macri luego de haber tomado la medida tras 20 años de incumplimientos del Correo S.A ante el Estado nacional.
La jueza Marta Cirulli dejó en suspenso el proceso de la quiebra ante la apelación de la empresa de la familia Macri
La jueza Marta Cirulli dejó en suspenso el proceso de la quiebra ante la apelación de la empresa de la familia Macri luego de haber tomado la medida tras 20 años de incumplimientos del Correo S.A ante el Estado nacional.
"En atención a lo resuelto el 6.1.2004 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sobre el efecto que cabe asignar a la apelación deducida contra el decreto de quiebra en esta causa, me encuentro constreñida - por sobre cualquier otra interpretación - a observar el mandato jurisdiccional referido", argumentó la magistrada.
En ese sentido agregó que "por lo tanto y en consonancia con el temperamento seguido el 25.3.2010, en materia análoga, concédese en relación y con afecto suspensivo el recurso de apelación formulado en el escrito en despacho (LCQ 273, inciso 4) debiendo elevarse al Superior con nota de estilo".
El fallo será revisado en ese Tribunal de Apelaciones y mientras tanto el avance del proceso quedará en suspenso, según decidió la magistrada en base a jurisprudencia al respecto de la Cámara.
Cabe remarcar que el pasado 5 de julio Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino tras dar por fracasado el proceso de salvataje cuando rechazó una nueva propuesta de la empresa postal no satisfizo el interés del Estado Nacional ya que sólo representaba el 100 por ciento de la deuda a los ojos de la propia empresa, pero que no abarcaba el valor actual de la misma.
El presidente de la empresa que tiene como accionistas a integrantes de la familia Macri, Jaime Cibils Robirosa, apeló y pidió la "nulidad" el fallo que decretó la quiebra y solicitó que "dicho recurso sea concedido en relación y con efecto suspensivo".
En la apelación de 17 carillas, la empresa sostuvo que "la sentencia de quiebra exhibe insalvables defectos" ante lo cual resulta "innegable la absoluta revisión que merece tal decisión".
Además se cuestionó la competencia de la magistrada Cirulli y sostuvo que Socma Americana había recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Lo expuesto supra cobra especial relevancia, pues a pocas horas de dictarse la resolución de decreto de quiebra, el representante del Estado Nacional declaró, ante los medios, que el objetivo real de la actitud asumida por tal acreedor en el proceso, ha sido (y es) perseguir una “extensión de quiebra” a las accionistas", se agregó.
Esto demostraría "un evidente desinterés en percibir el crédito por parte de la concursada, con fines extra concursales", sostuvo además la apelación.
Al concederse la apelación con efecto suspensivo, el trámite de la quiebra de la empresa de la familia del ex presidente Mauricio Macri quedará supeditado a la confirmación del fallo por parte de la Cámara Comercial.
Cabe destacar que la quiebra había sido solicitada por el procurador del Tesoro, Carlos Zaninni, y es el resultado del concurso preventivo del correo iniciado en septiembre de 2001.
El Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos: la cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el gobierno de Macri, pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la PTN.
Cuando rechazó la última oferta de la empresa de los Macri, Zannini remarcó que la instancia del salvataje no está prevista para generar mayor litigiosidad y por ello reclamó la quiebra de la firma, lo que podría generar que otras empresas de ese holding, como SOCMA, deban hacerse cargo de las deudas.
El concurso de acreedores del Correo Argentino se inició en 2001, cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar hace años el millonario canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas; un acuerdo que no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.
