Profesionales de la salud, los medios y la propia Justicia parecen haberse unido para cuestionar severamente al gobierno brasileño por una de sus más recientes decisiones en torno a la pandemia por el COVID-19: modificar el método de recuento de infectados y víctimas fatales. Según afirman, ese cambio provoca que casi un 50% de los nuevos casos no se computen.
Hace dos semanas, la administración de Bolsonaro dejó de lado la práctica usual en la enorme mayoría de los países: computar como nuevas muertes el número que se comunica efectivamente cada 24 horas.
En su lugar, los casos que se certifican luego de la muerte no son ingresados al sistema. Esto representa al 44% del total de los casos.
De este modo, cuando el diagnóstico de COVID-19 llega después de examinar a un fallecido, se incorpora tarde a la estadística. Y así se ayuda a bajar el preocupante número de más de 1.000 muertos por día.
Si este nuevo proceso de evaluación de los datos se produce un fin de semana, el número de casos reportados oficialmente es aún más bajo que lo que informa a diario el consorcio de medios que se unió para dar información fehaciente.
El gobierno decidió cambiar la metodología ante la reiteración diaria de números catastróficos. La pandemia mata en Brasil a más gente que las enfermedades cardíacas, el cáncer, los accidentes de tránsito y los homicidios.
Ante esto el Supremo Tribunal de Justicia decidió intervenir. Por medio de uno de sus ministros, Alexandre de Moraes, intimó al Poder Ejecutivo a regresar al sistema anterior.
La respuesta del gobierno de Bolsonaro fue amenazar con silenciar y ocultar definitivamente la información del COVID-19. Mientras tanto, dice cumplir con la orden de la Justicia pero no informa con la regularidad necesaria.
Para peor, el diario Folha de Sao Paulo, informó que el cambio de metodología fue una presión directa de los militares a los técnicos, para presentar datos menos impactantes a la población.
