La Gendarmería nacional aparece como la fuerza federal más complicada en el escándalo del presunto envío de armamento policial a Bolivia durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
Gendarmería nacional.
La Gendarmería nacional aparece como la fuerza federal más complicada en el escándalo del presunto envío de armamento policial a Bolivia durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
El estallido se produjo el 10 de noviembre de 2019 tras 21 días de protestas civiles contra el gobierno, a quien un sector de la población acusaba de haber cometido fraude electoral en las elecciones generales de octubre de ese año. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia tuvieron un rol fundamental durante la crisis política.
El Ministerio de Seguridad argentino difundió los resultados de un informe preliminar de las investigaciones administrativas encargadas el 8 de julio. Desde la cartera que comanda Sabina Frederic les exigieron respuestas a los jefes de las cuatro Fuerzas Federales de Seguridad. “Queremos que nos entreguen toda la documentación que tengan para poder colaborar con la causa iniciada por el estado boliviano”, le confirmaron a A24.com fuentes oficiales. En el pedido de investigación interna se puso un plazo no mayor a 72 horas para realizar un análisis exhaustivo sobre las posibles responsabilidades de autoridades y agentes federales en los hechos mencionados.
Los primeros datos arrojan una participación de la Gendarmería en el envío de material policial a través de “cables” internos que llevan la firma de las principales autoridades de la fuerza. El más complicado es el ex director nacional Gerardo José Otero.
El 11 de noviembre la Dirección de Logística de la Gendarmería solicitó que “se autorice el uso del material y equipamiento por parte del Personal de la Agrupación Fuerzas Especiales “ALACRAN” de la GNA en el territorio de la República de Bolivia (sic)”. El argumento que consta en el documento indica que el pedido se hizo “dentro del marco de la seguridad y protección del Señor embajador Argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”.
Por otro lado, en la misma fecha hay documentación que indica que la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), con el objetivo de “brindar seguridad y protección al Embajador y el personal de la Embajada argentina en Bolivia”, autorizó a la Gendarmería el envío a Bolivia de: 10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70.
La entrega debía cumplirse en un plazo de 90 días corridos desde la autorización investigada.
También en el documento se deja en claro que se habilitó el traslado de once miembros de la fuerza entre los que se encontraban el Segundo Comandante Martín Miguel Hidalgo, el Alférez Martin Fernando Linares, los Suboficiales Principales Juan Carlos Zarza, Carlos Ramón Bogado, Miguel Ángel Duarte, Dardo Horacio Cóceres, el sargento ayudante Antonio Augusto Brito, los sargentos Roberto Daniel Gómez, Diego Alfredo Villalba, Cristian Andrés Bravo y el cabo primero Omar Eduardo Sande.
A las 24 horas de la primera autorización solicitada para enviar material bélico llegó el segundo pedido. Con fecha de 12 de noviembre de 2019, se solicitó ampliar a 70.000 cartuchos “antitumultos” marca Fabricaciones Militares, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano conocidas como “de gas hostigamiento”.
La información preliminar indica que la Gendarmería habría sido la única fuerza federal involucrada, pero aún se aguarda que el análisis de la documentación enviada desde Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
