El Senado convirtió en norma una iniciativa que la primer ministro Giorgia Meloni defendió desde que hizo campaña para llegar al poder. Invoca motivos económicos y de desigualdad de las mujeres para fundamentarla.
Italia convirtio en un delito "universal" el vientre subrogado, una iniciativa de Georgia Meloni (Foto: A.24.com).
El senado Italiano convirtió en ley una iniciativa muy polémica: la posibilidad de acudir a un vientre subrogado para ser padres es, desde ahora, un delito "universal" en ese país. Ya estaba prohibido dentro de Italia y ahora permite perseguir penalmente a los italianos que recurran a ese avance de la medicina en cualquier lugar del mundo.
Desde sus tiempos de campaña para llegar al cargo de primera ministra, Giorgia Meloni se pronunció abiertamente en contra de esta alternativa para quienes no pueden ser padres. Con su estilo vehemente, dio una serie de razones, muy discutibles para no solo no permitirlo, sino, además, considerarlo un delito para la ley italiana.
Desde 2004, la gestación mediante un vientre subrogado no está permitida en el territorio italiano. Pero ahora, el gobierno de Meloni logró que la prohibición para los italianos sea a nivel "universal". Esto significa que si un ciudadano de ese país acude a esta técnica en el extranjero, también podrá ser denunciados penalmente. Las penas incluyen multas de 600.000 a 1 millón de euros y cárcel de 3 meses a dos años.
En definitiva, ese es el rápido resumen de la ley que tenía la sanción de la Cámara de Diputados y acaba de ratificar el Senado italiano. El gobierno de Meloni tiene mayoría y pudo imponer el criterio que siempre defendió la primer ministro.
Incluso, Meloni lo dijo cuando participó online de la reunión de partidos y políticos de derecha y extrema derecha en apoyo de Vox en Madrid. En esa reunión, el presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los oradores.
El gobierno italiano defendió la ley con este planteo: "Reconocer la maternidad subrogada como un delito universal es un paso adelante en la protección de la dignidad de la mujer y de los derechos obligatorios del ser humano".
El argumento es por demás controvertido. Meloni ha dicho en varios discursos y entrevistas que "el embarazo no es una mercancía y el cuerpo de la mujer, como el de cualquier otra persona, no es objeto de libre uso". Por eso, entiende que puede darse una situación de sumisión o consideración peyorativa hacia una mujer que aporta su útero para permitir la maternidad de otras personas. No importa si se trata de homosexuales o heterosexuales.
La primer ministro entiende que la subrogación de vientres puede estar condicionada por una situación de desigualdad, sobre todo porque se cobra dinero por esa acción. Personas con menores recursos o capacidades pueden ser llevadas a tener un embarazo durante 9 meses y luego entregar a ese recién nacido -según la opinión de Meloni y su grupo político- como si fuera una "mercancía".
Conocida la votación favorable, Meloni agradeció a los legisladores que la convirtieron en ley. "La maternidad subrogada es una práctica que transforma la vida en una mercancía y humilla la dignidad de las mujeres. Fuimos los primeros en apoyarla en el Parlamento y estamos felices de que hoy se haya convertido en una batalla compartida también por otros. fuerzas políticas", dijo la premier.
Con la entrada en vigencia de esta ley en su aspecto "universal" se establecen estas penas.
Multas de entre 600.000 y un millón de euros y hasta dos años de cárcel.
Se puede imputar a quien, de cualquier modo, realiza, organiza o publicita el comercio de gametos o embriones o la subrogación de la maternidad".
Como suele suceder con estas medidas polémicas hay algunos que son "más papistas que el papa". Por ejemplo, la ministra de familia del gobierno de Meloni superó a su jefa. Llegó a decir, como una lamentable ironía, que los hijos fruto de maternidad subrogada de madres del tercer mundo "cuestan menos".
La decisión tomada por el Parlamento italiano tiene muchas aristas más que polémicas. Por ejemplo, si como corresponde se aplica desde el momento de su entrada en vigor. Habrá una "discriminación" pese a lo que esgrime Meloni. Los niños gestados en el exterior por italianos y anotados como sus hijos en el país lo seguirán siendo.
En cambio, no podrá haber "nuevos ciudadanos" italianos con esta técnica. Incluso, los mismo padres, si quisieran repetir esa alternativa del vientre subrogado pasarián a ser considerados delincuentes por el mismo país que les reconoció la partenidad hasta aquí.
También condena a las personas homosexuales -los hombres, en este caso- a no poder ser padres aportando su propio semen. Sin embargo, Meloni dice que la ley no va contra el colectivo LGBTIQ+.
Los grupos parlamentarios opositores dicen que así, el Estado va en contra de la libertad de las personas. Especialmente en algo personalísimo como la voluntad y el deseo de ser padres. Si por razones biológicas u orientaciones sexuales no pueden engendrar a sus propios hijos, se los limita e impide acceder a un avance de la ciencia médica, como es fecundar a una tercera persona para que en su útero se desarrolle el hijo de otros.
Los casos son múltiples de esta causalidad y ahora, el Estado, le impide a una persona el hecho de poder tener descendencia. Meloni privilegió un hecho tomado como un mero delito comercial o de una valoración subjetiva del hecho de aportar un vientre subrogado. No valoró la posibilidad de ayudar a una persona a tener un hijo, algo que no podría hacer si no fuera con un vientre subrogado.
