"No tengo cómo mantener los compromisos que asumí sin condiciones de trabajo, sin tener cómo preservar la autonomía de la PF (Policía Federal) o estar forzado a aceptar la interferencia política en la PF". Así, resumió los motivos de su renuncia Sergio Moro como ministro de Jair Bolsonaro.
Por esas declaraciones, ahora Bolsonaro podría, en última instancia, tener que afrontar un juicio político.
Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó este lunes investigar las acusaciones del exministro. Lo que se busca es determinar si, efectivamente, Bolsonaro, busca "interferir" en investigaciones policiales para la Justicia.
Según detalla AFP, el juez Celso de Mello da un plazo de 60 días para que la propia Policía Federal (PF) interrogue a Moro, un exjuez identificado con la lucha contra la corrupción, sobre sus acusaciones al momento de presentar su renuncia el pasado viernes.
Las conclusiones del interrogatorio al exministro deben ser entregadas al Fiscal General de la República, Augusto Aras. Así puede quedar abierto el camino a un pedido de juicio político contra el presidente. O, en caso contrario, una acusación por falso testimonio contra Moro.
Según Celso de Mello, "los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República" parecen tener "íntima conexión con el ejercicio del mandato", lo que habilita esta seria investigación.
El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos prevaricato y obstrucción a la justicia. Todo puede acabar en el Congreso para que defina si corresponde abrir un proceso de "impeachment" contra el mandatario, como el que destituyó en 2016 a Dilma Rousseff.
Desde que se produjo la renuncia de Sergio Moro, asociado a la imagen de “transparencia”, la gestión de Bolsonaro, ya muy cuestionada, bajó aún más.
Una encuesta publicada este lunes revela que el 45% de los brasileños opina que el Congreso "sí debería" abrir un proceso de "impeachment" contra el mandatario. Pero el 48% opina lo contrario.
Un 33% de los brasileños considera que su gobierno es bueno o muy bueno, en tanto que el porcentaje de quienes consideran al gobierno regular bajó de 32% a 26% y el que lo califica de malo o pésimo, pasó del 36% al 38%.
El cambio de director de la Policía Federal es visto como un intento de Bolsonaro de controlar investigaciones que involucran a su familia y a aliados políticos.
Una causa, abierta en marzo de 2019, investiga campañas de noticias falsas para amenazar o calumniar a jueces del STF que evitaron proyectos del jefe de Estado, como la liberalización de la la portación de armas, por ejemplo.
La más reciente es la que se inició el pasado 21 de abril, luego de una manifestación realizada en Brasilia por partidarios de Bolsonaro que pedían una intervención militar sobre el congreso brasileño.
El presidente de la República, apareció en un momento, para sumarse a la marcha.
La precisión de Sergio Moro en su discurso de renuncia fue contundente:
"El presidente me dijo que quería colocar a una persona con quien tuviera contacto personal, a quien pudiese llamar, pedirle informaciones, informes de inteligencia (...) Prestar ese tipo de información no es el papel de la Policía Federal. Las investigaciones deben ser preservadas", denunció el ahora exministro.
Incluso, los medios han dejado trascender que sobre este cortocircuito final, el exjuez del Lava Jato dispone de grabaciones de discusiones con el mandatario.
Fiel a su estilo, Bolsonaro no se quedó atrás. El mismo día de la renuncia de Moro, el presidente calificó todo el tema como "acusaciones infundadas" de Moro.
Para el mandatario, su ahora rival actúa movido por su "ego" y por ambiciones personales antes que con un espíritu patriótico para sacar adelante al Brasil.
