Como consecuencia del informe, se decidió el despido del comandante adjunto responsable del operativo.
A pesar del reconocimiento del error, el ejército israelí sostuvo que algunos de los fallecidos “podrían tener vínculos con grupos armados como Hamás”, aunque no presentó pruebas concluyentes. Estas acusaciones fueron rechazadas por organizaciones internacionales y sobrevivientes del ataque, quienes aseguraron que todo el personal estaba debidamente identificado y cumplía funciones exclusivamente civiles.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el ataque y pidió una “investigación independiente, rápida y exhaustiva” para establecer responsabilidades y garantizar justicia. La tragedia se suma a una creciente preocupación global por la vulnerabilidad de los trabajadores humanitarios en zonas de conflicto y el respeto al derecho internacional humanitario.