Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia, Anderson Torres. Redactó un decreto que suspendía el resultado electoral que dio ganador a Lula (Foto: gentileza El intransigente).
"Art.:1.º Se decreta... el Estado de Defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral...". Así comienza el decreto con el que Jair Bolsonaro buscaba desconocer el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta electoral de las últimas elecciones presidenciales de Brasil. La intervención al Tribunal electoral le daba atribuciones al entonces presidente para revisar y objetar todo el proceso.
Según el decreto, se ponía en manos de los militares la revisión de las elecciones y podía declararse nulo el acto por el que Lula ganó su tercera presidencia.
Ahora quedan pocas dudas sobre la real intención del derrotado Jair Bolsonaro en las elecciones que consagraron como nuevo presidente a Lula de Silva. La Justicia tiene ya en sus manos este documento, que nunca salió a la luz, pero que llegó a redactarse y fue preservado por el entonces ministro de Justicia bolsonarista, Anderson Torres.
Torres huyó del país antes del intento de golpe de Estado del domingo. Está en los Estados Unidos y la justicia brasileña pidió que sea extraditado. No obstante, pese a la huida, en sus oficinas quedó este documento más que revelador sobre el dudoso compromiso democrático del gobierno de Bolsonaro.
Esa es la consideración principal del decreto preparado tras la victoria de Lula. El gobierno de Bolsonaro pretendía intervenir el tribunal electoral para evitar la consolidación del tan temido "fraude", del que nunca pudo presentar una sola prueba.
El diario Folha de San Pablo tuvo acceso de manera exclusiva al texto completo de ese decreto que anulaba un principio fundamental de la democracia: desconocía el resultado de la voluntad popular en las urnas.
En concreto, la decisión que estuvo a punto de tomar el gobierno de Bolsonaro planteaba 5 puntos fundamentales
El diario "Folha de San Pablo" asegura que la intervención al Tribunal electoral dejaba en suspenso el resultado del balotaje. Como ya se señaló, Bolsonaro nunca pudo presentar pruebas sobre el fraude o manipulación de la votación electrónica. Por eso, intervenir al tribunal electoral le daba el instrumento para "desconocer y revisar" su derrota.
El decreto fijaba la intervención del tribunal electoral por 30 días, prorrogables por otros 30. Así dejaba sin autoridad a su presidente, Alexandre de Moraes, quien es además integrante del Supremo Tribunal de Justicia. Moraes fue el encargado de escribir todos y cada uno de los fallos contrarios a los planteos de fraude presentados por Bolsonaro durante la campaña electoral. Por eso debía apartarlo: era su enemigo público número 1.
El fundamento legal era para revisar si hubo alguna falta o mal procedimiento en el proceso electoral y sus controles. Pero la verdadera razón era que, al mismo tiempo, Bolsonaro tuviera la chance de conocer todos los diálogos de los responsables de verificar el acto electoral, especialmente el presidente del cuerpo, el ministro De Moraes.
El borrador hallado en la casa de Anderson Torres incluso preveía un control de "acceso a las instalaciones del Tribunal Superior Electoral". Con esa atribución máxima podría abrirse el camino a encontrar "irregularidades" a favor de Lula que nadie podría poner en tela de juicio. El decreto de intervención prohibía ese mecanismo de apelaciones.
En el decreto, los uniformados se convertían en la práctica como el nuevo tribunal electoral o, en todo caso, el brazo ejecutor del ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Bajo el nombre de "Comisión de Regularidad Electoral", militares bolsonaristas harían un nuevo recuento de votos.
Todos esos elementos son suficientes para demostrar el verdadero peligro del decreto que finalmente no se firmó. Durante 30 (o 60 días de haber sido necesario) el control total y absoluto de la verificación de las elecciones habría estado en manos del presidente de la República.
Bolsonaro, o la intervenida Justicia electoral, podía encontrar así el fraude "denunciado" y, en todo caso, anular las elecciones o descartar votos tomados como válidos. Esas decisiones no podrían ser apeladas ante la justicia. O lo que es lo mismo: declarar el ganador de las elecciones por decreto. Un decreto firmado por el presidente Bolsonaro, que quería ser reelecto.