La pensión de jubilación constituye una de las columnas vertebrales del sistema de protección social. Para millones de trabajadores representa el sustento principal tras décadas de actividad profesional y cotizaciones. No se trata solo de un derecho adquirido, sino de la garantía de estabilidad económica en la etapa final de la vida laboral.
La pensión de jubilación constituye una de las columnas vertebrales del sistema de protección social en España. Para millones de trabajadores representa el sustento principal tras décadas de actividad profesional y cotizaciones. No se trata solo de un derecho adquirido, sino de la garantía de estabilidad económica en la etapa final de la vida laboral.
En este escenario, acceder al 100% de la pensión contributiva se ha convertido en el gran objetivo de quienes transitan los últimos años antes del retiro. Y el calendario marca una fecha clave: 2026 será un año decisivo para los nacidos entre 1960 y 1970, que comenzarán a alcanzar la edad ordinaria exigida por la Seguridad Social para jubilarse sin recortes, siempre que cumplan los requisitos de cotización.
La normativa vigente, resultado de la profunda reforma estructural iniciada en 2011, estableció un sistema progresivo de aumento de la edad de jubilación que culminará en 2027 con los 67 años como referencia general. Sin embargo, todavía existe una excepción significativa: la posibilidad de retirarse a los 65 años sin penalización, aunque bajo condiciones estrictas.
La Seguridad Social ha confirmado que en 2026 la edad legal ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen un determinado período de cotización.
No obstante, el sistema mantiene una excepción crucial: quienes acrediten 38 años y 3 meses o más cotizados podrán jubilarse a los 65 años y cobrar el 100% de la base reguladora sin recortes.
Este detalle resulta determinante para los trabajadores nacidos en la década del 60. En concreto:
Los nacidos en 1960 comenzarán a cumplir 66 años en 2026, acercándose a la edad ordinaria establecida.
Los nacidos en 1962 podrán acceder a la jubilación a los 65 años si acreditan al menos 38 años y tres meses cotizados.
El grupo comprendido entre 1960 y 1970 entrará progresivamente en la edad ordinaria en los próximos años, en plena recta final del período transitorio hacia los 67 años.
La clave, por tanto, no reside únicamente en la edad biológica, sino en el historial de cotización acumulado. Alcanzar o no los 38 años y 3 meses puede marcar la diferencia entre jubilarse a los 65 o tener que esperar casi dos años más.
El sistema español establece dos grandes pilares para acceder a la pensión contributiva:
Edad legal de jubilación.
Período mínimo de cotización.
Para percibir el 100% de la base reguladora en 2026, el trabajador deberá cumplir uno de estos dos escenarios:
Tener 65 años y haber cotizado 38 años y 3 meses o más, o
Tener 66 años y 10 meses si no alcanza ese período de cotización.
Además, existen otras condiciones imprescindibles:
Haber cotizado al menos 15 años en total a lo largo de la vida laboral.
Que dos de esos años estén comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud.
Estar dado de alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social en el momento de presentar la solicitud.
Este último requisito suele generar dudas, especialmente entre quienes han atravesado períodos de desempleo prolongado, inactividad o trabajos intermitentes. En muchos casos, la situación administrativa puede determinar la viabilidad del acceso a la prestación.
Más allá de la edad ordinaria, el sistema contempla la jubilación anticipada voluntaria, que en 2026 podrá solicitarse desde los 63 años, siempre que se haya cotizado al menos 38 años y 3 meses.
Sin embargo, esta modalidad implica coeficientes reductores sobre la cuantía final de la pensión. Es decir, el trabajador percibirá una cantidad inferior a la que le correspondería si esperara hasta la edad ordinaria.
El impacto no es menor: cada mes de anticipo conlleva una reducción permanente en la prestación. No se trata de un recorte temporal, sino definitivo, que afectará al importe mensual durante toda la jubilación.
Por ello, la decisión de anticipar el retiro no es meramente administrativa. Es una elección estratégica que requiere análisis financiero. En algunos casos, la necesidad personal o el desgaste laboral empujan a optar por esta vía. En otros, la diferencia económica aconseja esperar.
La reforma de pensiones aprobada en 2011 introdujo uno de los cambios estructurales más importantes del sistema: elevar progresivamente la edad de jubilación de 65 a 67 años.
El proceso comenzó en 2013 y culminará en 2027. Su objetivo fue adaptar el sistema al aumento de la esperanza de vida y garantizar su sostenibilidad financiera ante el envejecimiento poblacional.
El calendario de transición refleja cómo año tras año se incrementaron tanto la edad exigida como los años de cotización necesarios para jubilarse a los 65 sin penalización:
2013: 65 años y 1 mes – 35 años y 3 meses cotizados
2014: 65 años y 2 meses – 35 años y 6 meses
2015: 65 años y 3 meses – 35 años y 9 meses
2016: 65 años y 4 meses – 36 años
2017: 65 años y 5 meses – 36 años y 3 meses
2018: 65 años y 6 meses – 36 años y 6 meses
2019: 65 años y 8 meses – 36 años y 9 meses
2020: 65 años y 10 meses – 37 años
2021: 66 años – 37 años y 3 meses
2022: 66 años y 2 meses – 37 años y 6 meses
2023: 66 años y 4 meses – 37 años y 9 meses
2024: 66 años y 6 meses – 38 años
2025: 66 años y 8 meses – 38 años y 3 meses
2026: 66 años y 10 meses – 38 años y 3 meses
2027: 67 años – 38 años y 6 meses
En 2027 finalizará definitivamente la transición. A partir de entonces, los 67 años serán la edad ordinaria, salvo para quienes acrediten 38 años y 6 meses de cotización, que podrán retirarse a los 65.
Los nacidos entre 1960 y 1970 pertenecen a una generación que ha atravesado profundas transformaciones económicas y sociales: reconversiones industriales, crisis financieras, reformas laborales y cambios estructurales del sistema previsional.
Muchos comenzaron a trabajar a edades tempranas, lo que podría facilitar alcanzar los 38 años y 3 meses exigidos. Sin embargo, otros arrastran períodos de desempleo, contratos temporales o interrupciones laborales que dificultan cumplir el requisito.
En este contexto, la planificación previsional se vuelve determinante. Revisar la vida laboral, detectar posibles lagunas de cotización y analizar escenarios alternativos ya no es una opción secundaria, sino una necesidad.
Retrasar la jubilación más allá de la edad ordinaria no solo evita penalizaciones: en muchos casos genera incentivos económicos adicionales. El sistema contempla bonificaciones para quienes prolongan voluntariamente su vida laboral.
Por el contrario, anticipar el retiro implica asumir reducciones permanentes. La diferencia acumulada durante 20 o 25 años puede representar decenas de miles de euros.
Expertos en derecho laboral y asesores financieros recomiendan realizar simulaciones detalladas antes de tomar una decisión definitiva. Un error de cálculo puede afectar significativamente los ingresos durante décadas.
El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones continúa abierto. El envejecimiento de la población y la baja natalidad presionan las cuentas públicas, mientras el Estado intenta equilibrar la protección social con la estabilidad presupuestaria.
En ese marco, 2026 no es un año aislado, sino parte de un proceso de transformación más amplio. El aumento progresivo de la edad de jubilación es una de las medidas centrales adoptadas para sostener el sistema a largo plazo.
Para quienes cumplirán la edad legal en 2026, los especialistas aconsejan seguir una serie de pasos clave:
Solicitar el informe de vida laboral actualizado.
Verificar el total exacto de años y meses cotizados.
Utilizar los simuladores oficiales de la Seguridad Social.
Evaluar la posibilidad de completar períodos faltantes si fuese viable.
Analizar el impacto económico de la jubilación anticipada o demorada.
La información precisa es fundamental. Una decisión apresurada puede traducirse en una pensión inferior durante el resto de la vida.
El calendario avanza y con él se acerca un momento determinante para miles de españoles nacidos en la década del 60. 2026 marcará el inicio del retiro para una generación entera, pero también exigirá decisiones estratégicas basadas en números concretos.
La posibilidad de jubilarse a los 65 años sigue vigente, aunque cada vez más condicionada por largos períodos de cotización. Para quienes no alcancen los 38 años y 3 meses exigidos, la referencia será 66 años y 10 meses.
En un sistema que evoluciona año tras año, la planificación y el conocimiento normativo son herramientas imprescindibles. Porque al final, más allá de cumplir una edad, el verdadero objetivo es asegurar una pensión que garantice estabilidad económica y calidad de vida en la etapa posterior al trabajo.
