Llegar hasta el lugar demandó un importante operativo debido a las condiciones geográficas. Según medios ecuatorianos, la recuperación de los cadáveres requirió la intervención de alrededor de 120 personas.
Al revisar el terreno, los efectivos detectaron sectores donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Allí aparecieron las dos fosas.
Ocho cadáveres mutilados y vehículos incendiados: el macabro hallazgo en una mina en Ecuador.
Los cuerpos estaban a dos metros de profundidad
Los investigadores establecieron de manera preliminar que los cadáveres habrían permanecido enterrados alrededor de dos días antes de ser descubiertos. “Estaban más o menos a dos metros de profundidad”, explicó el coronel Inga al describir la escena.
Las víctimas tenían las manos atadas y presentaban múltiples lesiones. Los restos fueron trasladados al centro forense de Cuenca, donde los especialistas realizarán las autopsias y los procedimientos de identificación.
El objetivo inmediato será determinar las causas exactas de las muertes, establecer cuándo fueron asesinadas y verificar si los cuerpos corresponden a algunas de las personas denunciadas previamente como desaparecidas.
Dos vehículos incendiados, otra de las pistas
En las inmediaciones de la mina, los investigadores encontraron además dos vehículos completamente incendiados. Los peritos buscarán determinar a quién pertenecían, cuándo fueron quemados y si fueron utilizados para trasladar a las víctimas o por quienes participaron de los homicidios.
Por ahora, las autoridades no informaron detenciones relacionadas directamente con la masacre ni difundieron una hipótesis definitiva sobre el móvil.
La mina funcionaba de manera ilegal
La principal línea investigativa apunta al contexto criminal que rodea a la minería ilegal de oro, una actividad que durante los últimos años se convirtió en una importante fuente de financiamiento para estructuras delictivas ecuatorianas.
La explotación donde aparecieron los cuerpos no contaba con permisos oficiales para funcionar, confirmó la Policía.
Pucará se convirtió en los últimos años en uno de los puntos críticos de la minería clandestina de Azuay. En enero de 2026, por ejemplo, un operativo en el sector de La Chonta, también en Pucará, permitió desmantelar dos campamentos vinculados a minería ilegal y detener a ocho personas. Las fuerzas de seguridad incautaron fusiles, una subametralladora, una pistola, radios de comunicación y más de 1.300 municiones.
Meses después, reportes locales advirtieron que, pese a los procedimientos militares, la minería ilegal continuaba expandiéndose en Pucará y otros sectores de Azuay.
Minería ilegal y organizaciones criminales
La provincia de Azuay atraviesa desde hace tiempo una escalada de hechos violentos alrededor de explotaciones mineras clandestinas.
La propia Policía ecuatoriana ya había documentado operaciones armadas relacionadas con el control de minas en la provincia. En 2024, por ejemplo, las fuerzas de seguridad rescataron 49 personas secuestradas dentro de un campamento minero y detuvieron a presuntos integrantes de Los Lobos, una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador.
También hubo enfrentamientos armados en minas donde grupos presuntamente vinculados a esa organización intentaban tomar el control de las explotaciones.
Una disputa por el oro que alimenta la violencia
El crecimiento del precio internacional del oro convirtió las explotaciones clandestinas en un negocio cada vez más atractivo para los grupos criminales. Las bandas buscan controlar no solamente la extracción, sino también los caminos de acceso, el transporte del mineral, los trabajadores y las redes de comercialización.
Esta combinación provocó que algunos territorios mineros ecuatorianos se transformaran en escenarios de secuestros, extorsiones, enfrentamientos armados y homicidios.
En agosto de 2024, por ejemplo, cinco personas murieron en un hecho violento ocurrido en una mina de Camilo Ponce Enríquez que la Policía vinculó inicialmente con una disputa entre grupos armados por el control territorial.