Clausuran un bar en Monserrat, en Buenos Aires, por seguir abierto después de las 23 horas. Durante los primeros 12 meses de la primera ola de la pandemia de coronavirus se instruyeron en la Justicia unas 25.000 causas. (Foto: Télam)
La amenaza que representó la pandemia por el Covid-19 en Argentina derivó en una serie de decretos que desde marzo del 2020 limitaron principalmente la libre circulación de personas para proteger la salud pública. El incumplimiento de estas restricciones originó un aluvión de denuncias en la Justicia, de las cuales la mayoría fueron desestimadas y archivadas, a la vez que muchas otras ya fueron resueltas.
Los procesos judiciales que llegaron al final tienen ejemplos como el acuerdo en juicio abreviado de una condena a 7 meses de prisión para un hombre que se resistió a terminar con una fiesta en la calle, un sobreseimiento por criterio de oportunidad a otro imputado que deambulaba lejos de su casa, la absolución a una mujer que viajó a otra provincia a buscar a su hijo aislado, o la “probation” que la justicia aplicó a cuatro pescadores sin permiso, que aceptaron hacer donaciones y tareas comunitarias .
Según información preliminar que surge de la base de datos utilizada en las oficinas fiscales, durante los primeros 12 meses de la primera ola de la pandemia se instruyeron unas 25.000 causas. En la elaboración de la “memoria de casos” lograron determinar el estado procesal de una muestra de 7.774 expedientes, entre los que más de 2000 fueron concluidos.
Además, se puede advertir que en Salta y Jujuy, donde está vigente el Sistema Penal Acusatorio, se completaron más rápido los casos, comparando con el resto del país, donde aún se aplica el Sistema Penal Mixto, que mantiene las reglas del Inquisitivo, con procesos lentos y burocráticos.
Es así que en Salta y Jujuy ya terminaron de resolver casi todas las causas (las estadísticas dicen que al 17 de marzo de este año quedaban sin terminar 67 causas sobre un total de 653). En tanto, en los demás distritos, de los primeros 7.121 expedientes cotejados, sólo 1.562 finalizaron su tramitación.
Las causas vinculadas con el Covid-19 irrumpieron en el poder judicial desde que se publicó el Decreto 260/2020 que estableció el aislamiento obligatorio por 14 días para las personas consideradas “casos sospechosos”, pasando por el Decreto 297/2020, que dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), hasta el Decreto 792/2020 que estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” (DISPO).
Al principio, comenzaron a llover denuncias y actas de infracción por violación a los artículos 205 del Código Penal, que reprime con prisión de seis meses a dos años a quien impida la propagación de una epidemia, y el 239 que sanciona con 15 días a un año de cárcel, a quien desobedezca o resista a la autoridad.
El miedo empujó a muchas personas a comunicarse a las líneas que puso el Estado a disposición, y a la hora de constatar los hechos resultó que muchas de las acusaciones eran falsas o producto de mal entendidos.
Para hacernos una idea, solamente en la ciudad de Buenos Aires la línea 147 recibió en el inicio del ASPO más de 2000 denuncias diarias. Todas eran derivadas al Fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe, que se ocupó de revisar uno por uno los casos.
La situación sobrepasó a jueces y fiscales, En la mayoría de los distritos judiciales acordaron aplicar el procedimiento de flagrancia para iniciar los procesos.
Todos coincidieron en que debía privilegiarse acelerar la resolución de los conflictos, para instar a la gente a quedarse en casa, y procurar prevenir y controlar la pandemia.
En general, los casos que quedaron en el camino, eran personas que salían a fumar, a pasear al perro más allá de los 50 metros de su domicilio, que se asomaban a la puerta a buscar un delivery, o a tomar el aire después de una discusión familiar.
En CABA el fiscal Agüero Iturbe se iba contactando con los denunciantes que dejaban sus datos antes de definir cómo seguir, es decir, si formalizaba el caso para iniciar un expediente judicial, si hacia la derivación a una fiscalía para que siguieran con la investigación preliminar, o si directamente iba a descarte.
De este modo, detectó varias personas que denunciaron a su pareja porque habían roto el aislamiento para ir a ver a sus amantes.
Debió intervenir porque padres delataban a sus hijos porque no podían controlarlos, y se escapaban para encontrarse con sus amigos, y hasta trató el caso de un señor que había presumido un viaje a Europa, y cuando los vecinos lo vieron haciendo compras llamaron al 147 porque suponían que no estaba cumpliendo los 14 días de cuarentena, y resultó que nunca había salido del país, pues sus vacaciones habían sido en Mar Chiquita.
Incluso hubo una insistente denuncia por violación del ASPO contra un tal “Juan Mena”, que se suponía había regresado del exterior y salido de su vivienda antes del período permitido. LLegaron a verificar en Migraciones que nunca había abandonado Argentina, hasta que alguien se dio cuenta de que el posible imputado era “Juan Martín Mena”, viceministro de Justicia, que a todo esto tenía prohibido salir del país por su procesamiento en la causa del Memorándum con Irán. Advirtieron que se trataba de una “mala broma” y desestimaron las sospechas.
Las causas que tramitaron en la justicia dan una pauta de los desafíos que atrajo el coronavirus y el ASPO. A24.com tuvo acceso a varios de los expedientes que finalizaron su trámite en la etapa de instrucción.
Una de las primeras sentencias en el país fue mérito de la Unidad Fiscal Federal de Salta a cargo de Eduardo Villalba. En mayo del año pasado la justicia condenó a seis meses de prisión efectiva a un hombre que violó la cuarentena horas después haber salido de la cárcel con el beneficio de prisión domiciliaria
Un juez absolvió a una mujer oriunda de Joaquín V. González, en Salta, que en pleno aislamiento viajó a Chaco a buscar a su hijo. El magistrado consideró que quedaba demostrado que “el amor es más fuerte”.
En Gualeguaychú, la justicia homologó un acuerdo para suspender el proceso contra un hombre que rompió la cuarentena para asistir al sepelio de su madre. Acordó donar $50.000 al hospital local.
Una mujer de Villa Soldati logró suspender el juicio a prueba a cambio de cumplir tareas comunitarias 4 horas a la semana durante un año en la Iglesia del barrio. La habían detenido cuando la encontraron infraganti en una fiesta en plena calle.
En Mar del Plata, un juez homologó la extinción de la acción penal al permitirle a una empresa de transporte de pasajeros reparar su inconducta abonando 165 mil pesos por trasladar con permisos falsos a trabajadores golondrinas que necesitaban regresar a Santiago del Estero.
Otro caso fue cerrado por criterio de oportunidad, al considerar que era insignificante la afectación al interés público. La decisión favoreció a una mujer que había sido denunciada por los vecinos en Caballito, quienes habían visto desde su ventana como ella recibía, en al menos dos oportunidades, a un hombre -que no se pudo identificar- entre las 0 y las 4 horas.
Está cerca de elevarse a juicio oral la causa que tramita en Morón contra el joven de 26 años que había regresado de un viaje del exterior y violó la cuarentena para asistir a un cumpleaños de 15, donde 19 personas se contagiaron, una de ellas su abuelo, quien falleció a causa de la enfermedad.
Ante las nuevas restricciones de la segunda ola de Covid-19, en la Justicia están convencidos de que el reto que enfrentaron el año pasado no se repetirá.
Un alto funcionario de Comodoro Py habló de un “cambio de paradigma” por la aceleración en el proceso de digitalización de los expedientes, y por la práctica que han obtenido en la aplicación del Código Penal en delitos vinculados a la prevención de la propagación de una epidemia.
Tampoco pierden de vista que los controles -por ahora- son menos severos, y además las personas han perdido un poco el miedo, porque están más acostumbradas a convivir con la pandemia.
