Puerto Madryn quedó sacudida por una tragedia que mezcla dolor, bronca y preguntas sin respuestas. En la madrugada del domingo, Elías Mateo, un bebé de apenas un año y cuatro meses, perdió la vida tras un violento vuelco protagonizado por su padre, Leandro Damián Ríos, quien conducía con 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre. Lo que podría haber sido otra madrugada cualquiera terminó convirtiéndose en una causa penal que ahora recorre fiscalías y redes sociales.
Puerto Madryn quedó sacudida por una tragedia que mezcla dolor, bronca y preguntas sin respuestas. En la madrugada del domingo, Elías Mateo, un bebé de apenas un año y cuatro meses, perdió la vida tras un violento vuelco protagonizado por su padre, Leandro Damián Ríos, quien conducía con 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre. Lo que podría haber sido otra madrugada cualquiera terminó convirtiéndose en una causa penal que ahora recorre fiscalías y redes sociales.
El siniestro vial ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada en la rotonda de Juan XXIII y Avenida del Trabajo, un cruce que hoy tiene el recuerdo imborrable de lo ocurrido. Según las primeras averiguaciones, Ríos perdió el control de su Renault Kangoo, vehículo en el que viajaban —además del conductor— el menor y, según versiones, otras personas que ahora forman parte del expediente.
El vuelco fue de tal violencia que el pequeño Elías salió despedido del coche. Sufrió heridas gravísimas y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde finalmente murió pocas horas después. Los efectivos que trabajaron en la escena y los profesionales de salud que intervinieron describieron la situación como “conmocionante”: un bebé que no alcanzaba los dos años, víctima de una decisión tomada por quien debía cuidarlo.
El test de alcoholemia realizado al conductor fue contundente: 1,98 g/l, casi dos gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que excede ampliamente los límites legales y que, en el marco de un siniestro con resultado de muerte, cobra una dimensión penal decisiva.
Por esa razón, el fiscal Mauricio Baigorria imputó a Ríos por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol”. La calificación penal que afronta el imputado prevé penas de tres a seis años de prisión y una inhabilitación para conducir de seis a diez años, aunque la causa aún está en etapa inicial y restan medidas probatorias, peritajes complementarios y la definición de una eventual acusación formal por parte del Ministerio Público.
La fiscalía, en tanto, deberá reunir todas las pruebas que permitan reconstruir la mecánica del accidente: velocidad, maniobras previas, estado del vehículo, uso o no de cinturones de seguridad y el modo en que el niño estaba asegurado —si lo estaba— en el momento del impacto. Esas piezas serán decisivas para determinar responsabilidades penales y administrativas.
Fuentes cercanas al expediente confirmaron que los padres de Elías estaban separados y que el niño viajaba con su padre en cumplimiento de un régimen de visitas. Ese dato, doloroso en sí mismo, agrega un matiz agraviado: una rutina prevista para el encuentro entre padre e hijo terminó en tragedia.
En contextos así, los regímenes de visitas y los acuerdos familiares suelen tornarse parte de la discusión pública: ¿hubo supervisión? ¿era una salida habitual? ¿se respetaron pautas de seguridad? Las respuestas a esas preguntas forman parte de la investigación y también alimentan la angustia de la madre y del entorno familiar.
La voz más rota y a la vez más potente provino de Bianca Vargas, la madre de Elías, quien volcó su dolor en Facebook en una serie de posteos que rápidamente se multiplicaron por la comunidad. “Mi amor, mi vida. Me toca despedirte hijito… no llegabas ni a los dos”, escribió Bianca en un primer mensaje que expuso la magnitud del vaciamiento emocional que deja la pérdida.
En otro posteo, la madre se mostró contundente y pidió una justicia que, en su lectura, es la única vía para poner orden en el silencio que dejó la muerte de su hijo: “Nos arrebataron el tiempo hijo, solo pido que no hayas sufrido… Perdón por ese papá que te di”.
El mensaje público más fuerte fue una acusación directa, convertida en reclamo social: “A mi hijo lo mató su papá!”. Esa frase resume la ira y la búsqueda de responsabilidad no solo legal sino moral y social, una exigencia que suele cobrar fuerza cuando la víctima es un niño y el imputado una figura que debía protegerlo.
Bianca también relató que fue a despedir a su hijo al cementerio y compartió en sus palabras el asombro por la rapidez con la que se truncó una vida en formación: “Es increíble que en horas, hijo, nos arrebataron todo, no llegaste ni a estar más 24 horas con tu papá”.
Cerró su mensaje con promesas que desnudan la dimensión humana de su reclamo: “Te prometo justicia, te prometo calma… yo voy a bajar los brazos cuando tu padre pague por esto”. La determinación de la madre se convierte así en motor de la demanda social —y en la expectativa de que la investigación no quede en gestos sino que avance con rapidez procesal y con contundencia probatoria.
Puerto Madryn, ciudad habitualmente marcada por su vida costera y turística, se encontró esta semana con un hecho que reabrió la discusión sobre consumo de alcohol y conducción. Vecinos, organizaciones de seguridad vial y actores locales expresaron su consternación y, en varios casos, el repudio hacia la conducta imputada.
En el plano institucional, el caso obliga a volver a poner sobre la mesa medidas de prevención y control: la fiscalización de rutas urbanas, las campañas de concientización y la necesidad de protocolos claros para los regímenes de visitas cuando las partes presentan antecedentes de consumo problemático. La pregunta que ahora flota en el aire es doble: cómo evitar que esto vuelva a pasar y cómo garantizar que la justicia actúe con la celeridad y rigor que el caso exige.
La imputación por homicidio culposo agravado por conducción bajo efectos de alcohol es solo el inicio formal del proceso. En los próximos días la fiscalía deberá solicitar peritajes complementarios —entre ellos, pericias químicas, mecánicas y, en su caso, reconstrucción del siniestro—, tomar declaraciones a testigos, secuestrar documentación y elementos del vehículo y evaluar medidas cautelares contra Ríos, como la prisión preventiva o restricciones de contacto.
También será relevante la condición del vehículo (si tenía elementos de seguridad adecuados), el uso de sistema de retención infantil, y la posible participación de terceros o circunstancias ajenas al conductor que hayan contribuido al accidente. Cada una de estas pruebas podrá fortalecer la acusación o bien abrir otros frentes de investigación.
La muerte de Elías, además de configurar una causa penal, instala una herida comunitaria. Los padres, familiares y amigos del menor, junto a sectores de la sociedad civil, buscarán que el caso no sea una estadística más en las cifras de siniestros viales. La exigencia es doble: sanción para el responsable y políticas públicas que reduzcan la repetición de tragedias similares.
Mientras tanto, en las redes y en la memoria cotidiana, queda la imagen de un bebé que no alcanzó a completar dos años. Queda, también, la palabra de una madre que promete no bajar los brazos hasta encontrar justicia. Y queda, por último, la pregunta que atraviesa a muchos: cómo se transforma el dolor en acción colectiva para evitar que nuevas familias pasen por lo mismo.
