Los magistrados rechazaron los pedidos de la defensa de Leopoldo Luque y confirmaron quiénes seguirán en el proceso.
Leopoldo Luque había recusado a los jueces Alberto Gaig y Pablo Rolón.
El Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro desestimó los pedidos de recusación presentados por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados por la muerte de Diego Armando Maradona. De este modo, los jueces Alberto Gaig y Pablo Rolón continuarán integrando el tribunal que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.
Los planteos de apartamiento habían sido formulados por los abogados Francisco Oneto y Julio Rivas, quienes cuestionaron la imparcialidad de los magistrados. Según la defensa, Gaig y Rolón demostraron un “interés anticipado” en la causa luego de presentarse en el sorteo del tribunal que asumió la reanudación del debate.
Sin embargo, la decisión de los jueces Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Marcela López Ramos fue categórica: no hay motivos objetivos ni legales que justifiquen la recusación.
Alberto Ortolani, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y presidente del proceso principal, fundamentó el rechazo al pedido de la defensa. “Para evitar el temor de parcialidad se debe ser lo suficientemente amplio en la apreciación, más allá de las causales de apartamiento o exclusión de los magistrados según la regulación de la ley procesal”, expresó.
El magistrado agregó que “los supuestos de recusación no pueden ni deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez natural interviniente del conocimiento de la causa”. En su resolución, remarcó que la audiencia multipropósito convocada por Gaig no implicó “ningún interés particular y concreto sobre el resultado” del juicio.
Respecto al juez Rolón, Ortolani señaló que la defensa de Luque no presentó motivos claros ni verificables para pedir su apartamiento, sino afirmaciones “vagas e imprecisas” vinculadas a la carga laboral del tribunal.
En tono crítico, Ortolani calificó de “sistemático” y “poco riguroso” el uso de las recusaciones, al considerar que estas maniobras “atentan contra la seriedad del proceso y erosionan la confianza pública en la Justicia”.
El juez Gonzalo Aquino, del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, adhirió a los fundamentos de Ortolani. En su fallo cuestionó además el accionar de Francisco Oneto, uno de los defensores de Luque, a quien acusó de desplegar un “exceso verbal” y utilizar un “lenguaje ofensivo” durante sus presentaciones.
Por su parte, Marcela López Ramos, integrante del TOC N°5 y subrogante en el TOC N°4, confirmó también la permanencia de Gaig y Rolón en el tribunal y aseguró tener la “más sincera convicción” de que no existe riesgo alguno de parcialidad en el proceso.
Con esta decisión, los jueces señalados por la defensa quedan ratificados y podrán continuar interviniendo en el juicio que mantiene en vilo al país.
Además del neurocirujano Leopoldo Luque, son ocho los profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego Armando Maradona. La lista incluye a:
La acusación central contra todos ellos es la de homicidio simple con dolo eventual, bajo la hipótesis de que existió una conducta negligente y un incumplimiento en los cuidados médicos que derivaron en la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020 en su casa de Tigre.
El fallo que rechaza las recusaciones marca un freno a la estrategia de la defensa de Leopoldo Luque, que había intentado apartar a dos jueces clave del tribunal. La decisión fortalece la continuidad del juicio y despeja dudas sobre eventuales dilaciones en el proceso.
Los próximos pasos estarán centrados en las audiencias donde se debatirán las responsabilidades de cada imputado. La expectativa pública sigue siendo enorme, dado que se trata de la investigación judicial más relevante en torno a la figura de Maradona desde su muerte.
El proceso no solo tiene implicancias legales para los acusados, sino que también plantea un fuerte debate social sobre el sistema de salud, la responsabilidad médica y el trato a las figuras públicas en situaciones de vulnerabilidad.
