La investigación es cuestionada porque no habría pruebas que vinculen a Kaipl y Sedonio con los autores del asesinato (los celulares fueron periciados). Pero si es sospechoso el ingreso de Virginia Oldani, hija de la víctima, quien llegó al local en la madrugada junto a su marido, José Luis Hernández, y un grupo de personas, violando la escena del crimen que aún estaba bajo peritajes
“Iban a buscar un DNI y salieron con bolsos y mochilas”, acusó el diputado santafecino Leandro Busatto, quien votó en noviembre a favor de la sanción a Ferraro se aprobó por 59 votos (de 42 diputados y 17 senadores): se la suspendió por 150 días, plazo en el que se investigará su participación. Si la Cámara Federal de Rosario confirma el procesamiento en la causa penal, la Legislatura votará su remoción en el cargo.
Ferraro fue suspendida por “mal desempeño de sus funciones” por dos “faltas graves”: no preservar la escena del crimen y entorpecer investigaciones sobre el destino del dinero. Pero quedó pendiente un tercer cargo por su situación procesal en el Juzgado Federal Nº2, donde está imputada por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”.
El escándalo cobró peso legislativo en agosto pasado cuando se creo la Subcomisión de Seguimiento de Concursos de Fiscales, Funcionarios y Autoridades Superiores del Ministerio Público Fiscal tras la recopilación de una serie de denuncias sobre causas armadas, y la desaparición de sumas millonarias en los allanamientos. Y el peso político es aún mayor. El ex ministro de Seguridad Marcelo Saín repite que su remoción del cargo provincial tuvo que ver con el intento de investigar a fondo este hecho, a pesar de que contra él pesan causas judiciales propias por distintos delitos. Incluso fue temerario contra los fiscales.
Santa Fé suspendió por irregularidades el juicio de "la mafia de los fiscales"
El proceso, al que será sometida la fiscal Cristina Ferraro (sospechada de tener vínculo con la hija de Oldani para la sustracción del dinero apuntado), esta lleno de sospechas.
Uno de los datos llamativos fue que la encargada de investigar a Ferraro, la Fiscal Mariela Gimenez (57), fue llamativamente "jubilada" sin contar con la edad requerida y desapareció raudamente de la escena político/judicial. Y los fiscales que intervinieron en la instrucción del caso, son ahora los jueces que llevarán adelante el juicio oral del "Caso Oldani". Esto amplificó el bochorno frente a la opinión pública santafecina, donde la "Mafia de los Fiscales" pone foco ahora sobre el entramado judicial en la provincia.
Los encargados de acusar en la instrucción, ahora meses después, serán los encargados de juzgar e impartir la pena a los mismos que imputaron tras un proceso lleno de irregularidades y arbitrariedades de toda índole.
El pueblo santafecino ha tomado conocimiento de esta serie de irregularidades del debido proceso en su momento, llenó de cientos de denuncias ciudadanas en los tribunales y, ahora, con esta confirmación ya no quedarían dudas de como esta enquistada la "Mafia de los Fiscales" que ha venido realizando las maniobras fraudulentas para cubrirse entre ellos y que finalmente la desaparición del dinero posterior a lo que se instruyó como un "supuesto robo" seguido de muerte, jamás pueda establecerse como lo que realmente fue: una feroz disputa entre un inversor enfurecido y el tutor de su capital supuestamente garantizado que finalizó en una tragedia fatal.
El fallo suscrito este lunes por la Cámara Federal de Rosario determina que del material informático bajo pericias surge “una clara organización criminal dedicada a efectuar operaciones financieras marginales sin autorización del ente rector en la materia, burlando los controles en ese sentido al realizar operaciones informales con las formales de manera indebida y de esa forma obtener un rédito ilegítimo a costa del sistema financiero formal”.
El Caso Oldani sería solo la punta del Iceberg de la enquistada "Mafia de los Fiscales" manejada por fiscales que luego son ascendidos a jueces para , en un juego de ajedrez jurídico, cubrirse de entre todos en sus causa armadas, sus robos y apropiaciones delictivas y sobre todo sostener la falta de garantías constitucionales para la defensa en juicio de los ciudadanos de Santa Fe.