Tras los allanamientos a la quinta en Villa Rosa, se determinó que la causa debe pasar al fuero económico y abandonar el federal. Daniel Rafecas se declaró incompetente.
La Justicia no pudo determinar la existencia de maniobras de lavado de dinero tras los allanamientos a la mansión de Pilar del último viernes. Se trata de una propiedad que estaría vinculada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. Sin embargo, sigue abierta la pista de una posible evasión fiscal y un documento oficial mostrado en A24 detalla que si existiera un delito, sería tributario y no por lavado.
De esta manera se descarta el lavado de dinero a la estancia que formó parte de los allanamientos en la causa que investiga la relación de Sur Finanzas con la AFA. Esta información surge en la disputa por la competencia de la causa, ya que el caso está entre el Juzgado N°1 y el Juzgado nacional económico N°2 y N°10 para determinar si el hecho pertenece al fuero federal o económico.
La denuncia involucraba a Nicolás Pantano y a Ana María Conte, por la adquisición de la quinta de Villa Rosa sin justificación por parte de la sociedad Real Central SRL, que es la que está vinculada a la AFA. El documento oficial aclara que si hay un delito es el de evasión y no el de lavado, provocando que la causa cambie de fuero.
La mansión de Villa Rosa había sido allanada por orden del juez Rafecas, quien ahora deberá retirarse de la causa tras cambiar de fuero y pasar del federal al económico. En el documento oficial mostrado en A24, se detalla que tras la investigación no se pudo registrar maniobras de lavado, aunque todavía quedan dudas sobre una posible evasión de los impuestos correspondientes para esas actividades.
La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió este viernes que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debe continuar investigando como un caso de evasión fiscal que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin un aparente respaldo económico suficiente.
La causa se inició por una denuncia de la Coalición Cívica contra Nicolás Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, dueños de “Real Central SRL", empresa propietaria de la casa de 105.384,80 metros cuadrados.
Según los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, el predio ahora allanado fue adquirido por Carlos Tevez en julio de 2017, seis años más tarde se vendió a la firma MALTE SRL y menos de un año después, el 30 de mayo de 2024, la adquirió “Real Central SRL” de Pantano y su madre Conte, los actuales propietarios.
El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.
La Sala I de la Cámara sostuvo que la causa se debe tramitar en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero. El tribunal indicó que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial.
