Una de las irregularidades más alarmantes fue el descubrimiento de que la familia propietaria del supermercado vivía dentro del local, una práctica prohibida por el Código de Comercio. Esta situación, además de ser ilegal, pone en riesgo tanto a los habitantes como a los consumidores que frecuentan el lugar.
Durante la inspección, se constató que alimentos vencidos permanecían en góndolas y cámaras de frío a pesar de advertencias previas para su retiro. También se halló mercadería almacenada en zonas no habilitadas, como una oficina administrativa, lo que representa una violación directa de las normas de salubridad.
El caso fue remitido al Juzgado de Faltas, que ahora deberá determinar la sanción correspondiente. Las medidas podrían incluir una clausura de hasta seis meses y una multa millonaria, como respuesta a las reiteradas infracciones.
Como parte del protocolo, la mercadería secuestrada fue trasladada y destruida bajo estrictas normativas de seguridad alimentaria. El municipio enfatizó la importancia de mantener controles regulares y rigurosos para prevenir que situaciones similares se repitan.
Los vecinos pueden denunciar irregularidades a través de la línea de atención Hola 147, una herramienta clave para identificar comercios que no cumplen con los estándares de higiene y calidad.
“El intendente Rodrigo Buteler ha solicitado que los controles sean permanentes, ya que esto representa una cuestión de salud pública para toda la comunidad”, destacó Zúñiga.
Desde el Ejecutivo municipal se manifestó que, debido a la reincidencia y la magnitud de las infracciones detectadas, se espera que el Juzgado de Faltas imponga una sanción ejemplar que sirva de advertencia a otros comercios.
La clausura de este supermercado y la incautación masiva de alimentos vencidos y en mal estado envían un mensaje claro sobre la necesidad de cumplir con las normativas vigentes para garantizar la seguridad alimentaria de la población.
