El asesinato de Magalí Levy sigue generando impacto mientras avanza la investigación que destapó una red criminal infiltrada en su propia casa.
El asesinato de Magalí Levy continúa siendo investigado más de un mes después del macabro hallazgo de su cuerpo en su departamento de Recoleta. La joven, de tan solo 28 años, fue encontrada atada, golpeada y con una bolsa en la cabeza que evidenciaba una muerte por asfixia. Detrás del crimen, se reveló una trama de engaños, identidades falsas y una peligrosa organización criminal vinculada al barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo comenzó a principios de marzo, cuando Magalí decidió contratar a una empleada doméstica. La recomendación llegó a través de una amiga, quien había recibido un mensaje de una supuesta conocida ofreciendo servicios de limpieza. Aunque ella ya había resuelto su búsqueda, terminó derivándole el contacto a Magalí sin sospechar que estaba facilitando la entrada de una criminal a su casa.
La mujer que se presentó como Emilse Alegre tenía, en realidad, una identidad completamente falsa. Su verdadero nombre era Diana González, y según la investigación judicial, formaba parte de la organización delictiva conocida como “Los Sampedranos”, una banda que operaba desde el barrio 31 y que había expandido sus actividades hasta Paraguay.
El 5 de marzo, dos días antes del crimen, González se presentó en la vivienda de Magalí para su primer día de trabajo. Aunque según personas cercanas la joven no había quedado del todo conforme con la empleada, una serie de circunstancias hicieron que finalmente aceptara que regresara. “Parece que a ella no le gustó mucho, pero como la otra posible empleada que iba a probar no se presentó, la contactó otra vez para que volviera el viernes 7”, detalló una fuente al diario Clarín.
Ese día, el 7 de marzo, sería el último en la vida de Magalí Levy.
Ya con acceso al departamento, Diana González y al menos otros dos cómplices ingresaron al lugar con un claro objetivo: encontrar y abrir una caja fuerte que supuestamente guardaba una importante suma de dinero. Para ello, sometieron a la joven a un violento interrogatorio. La golpearon, la ataron y finalmente la asfixiaron con una bolsa en la cabeza cuando se negaba a colaborar.
La brutalidad con la que actuaron fue desproporcionada, incluso para una banda criminal. Pero lo más impactante vino después: al abrir la caja fuerte fuera del domicilio, descubrieron que el botín no era lo que esperaban. Había solo 6.000 dólares, algo de ropa y objetos personales. La fortuna que tanto imaginaban no existía.
Tras cometer el crimen, los delincuentes emprendieron la huida. Se refugiaron en Paraguay, específicamente en la localidad de San Pedro del Paraná, desde donde continuaron moviéndose para evitar ser localizados. Sin embargo, un error inesperado desencadenó el comienzo del fin para el grupo.
Uno de los teléfonos utilizados por los integrantes de la banda fue reactivado con un chip nuevo. Esa acción, inadvertidamente, permitió a los investigadores ubicar a Elcira Giménez González, hermana de Diana, y a su esposo Sixto Amarilla en la zona de Fleitas Cué. La pareja fue detenida en un operativo conjunto entre autoridades argentinas y paraguayas, marcando así un punto de inflexión en la causa.
La detención de Elcira y Sixto no solo permitió confirmar la conexión entre la banda y el crimen de Magalí, sino que también facilitó nuevas pistas sobre el paradero del resto de los involucrados. Según fuentes de la investigación, “Los Sampedranos” no eran improvisados. Se trataba de una estructura organizada, con roles definidos, logística transnacional y antecedentes en delitos similares.
La banda criminal que ejecutó el asesinato de Magalí Levy tenía su núcleo operativo en el barrio 31, un asentamiento históricamente vinculado a redes delictivas de diversa índole. En este caso, el grupo combinaba elementos de inteligencia criminal con acciones violentas, infiltrándose en contextos domésticos para obtener información de posibles blancos económicos.
El caso de Magalí no fue el único, pero sí el más resonante por la brutalidad del crimen y la inesperada conexión con uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, como lo es Recoleta. Ese contraste geográfico y social fue, justamente, lo que permitió a la banda pasar desapercibida durante semanas.
Magalí Levy tenía 28 años y vivía sola en un departamento del barrio de Recoleta. Según amigos y familiares, era una joven activa, con proyectos personales en marcha y una vida social estable. Su decisión de contratar a una empleada doméstica había surgido simplemente por cuestiones prácticas, sin imaginar que ese gesto cotidiano la colocaría en el centro de una pesadilla.
Quienes la conocieron aseguran que era una persona desconfiada por naturaleza, lo que hace aún más trágico el desenlace. “Si la otra empleada no hubiera fallado, tal vez esto nunca habría pasado”, lamentó una de sus amigas cercanas.
La investigación judicial continúa en curso, con varios implicados ya detenidos y otros aún prófugos. El foco ahora está puesto en determinar el grado de participación de cada miembro de la banda, así como en desmantelar completamente la red que permitió que González ingresara al hogar de la víctima bajo una identidad falsa.
Por otro lado, la policía analiza posibles conexiones con otros casos similares, ya que se sospecha que la banda podría haber ejecutado más robos en domicilios utilizando el mismo modus operandi: infiltración bajo apariencia de trabajadoras domésticas y posterior ejecución del crimen en función del botín esperado.
Más allá del trabajo de inteligencia policial, el avance en el caso se produjo en gran parte por un error de los propios criminales. El cambio de chip que delató a Elcira y Sixto demuestra cómo, incluso en organizaciones estructuradas, una falla mínima puede poner en jaque toda la operación.
La colaboración con las autoridades paraguayas también fue determinante. El cruce de datos, seguimiento de movimientos y vigilancia electrónica permitieron cerrar el cerco sobre los prófugos. Se espera que en las próximas semanas se concrete la extradición de los detenidos para ser juzgados en la Argentina.
El asesinato de Magalí Levy expone un problema de fondo que muchas veces pasa desapercibido: la vulnerabilidad que existe al incorporar personal en el hogar sin contar con verificaciones adecuadas. En este caso, la víctima confió en una recomendación informal, sin sospechar que detrás había una red criminal con objetivos concretos.
La historia de Magalí es una tragedia, pero también una advertencia sobre cómo los delitos pueden esconderse detrás de gestos comunes. Y sobre cómo la seguridad, tanto personal como digital, se vuelve clave en tiempos donde la información se intercambia con una facilidad que muchas veces juega en contra.
