El fiscal destacó que si bien aún no se pudo determinar la autoría del homicidio, quedó acreditado que la víctima fue asesinada y enterrada en el inmueble donde vivía Graf. “El imputado no pudo ser ajeno a la existencia de la sepultura en el jardín”, sostuvo López Perrando, y agregó: “Nadie encubre aquello que desconoce”.
En agosto, el juez Alejandro Litvack había pedido a la fiscalía reformular la imputación para avanzar en una citación concreta. Con este nuevo dictamen, López Perrando busca reactivar la causa y dejar asentado que las maniobras de Graf apuntaron a garantizar la impunidad.
La figura de encubrimiento agravado prevé penas de uno a seis años de prisión, mientras que la supresión de evidencia puede ser castigada con entre un mes y cuatro años de cárcel.
Los abogados de Javier Fernández, hermano de la víctima, solicitaron medidas de prueba adicionales, como la utilización de georradar en la vivienda de los Graf y la identificación de la persona que llamó al 911 para alertar sobre el hallazgo. También pidieron información al Registro de la Propiedad para reconstruir el historial de dueños de la manzana donde fue encontrada la fosa.
Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Casi cuatro décadas después, obreros hallaron sus restos mientras trabajaban en un terreno de avenida Congreso 3748. Peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron la identidad a través de un perfil genético obtenido gracias a una muestra de sangre de la madre del adolescente, Bernabella Lima, de 87 años.
La autopsia reveló que el joven había sufrido una lesión cortopunzante en el pecho y posibles intentos de desmembramiento. Para la fiscalía, el homicidio ocurrió en la finca de los Graf y fue ocultado de manera improvisada.