Los familiares de la docente rural asesinada en Corrientes reclamaron que se investigue el constante paso de avionetas en la zona donde trabajaba. Sospechan que esos movimientos podrían estar vinculados con vuelos ilegales utilizados para el tráfico de drogas en el Litoral.
La familia de Nancy Godoy pidió investigar los vuelos de avionetas y su posible vínculo con el narcotráfico. (Foto: captura de pantalla)
El crimen de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años encontrada asesinada en Corrientes, sumó una nueva línea de análisis a partir de la posible existencia de un circuito de vuelos ilegales vinculados con el narcotráfico en la región del Litoral. Mientras la Justicia avanza con la investigación, la familia de la víctima pidió profundizar las averiguaciones sobre el constante paso de avionetas que la mujer mencionaba en sus conversaciones.
La hipótesis tomó relevancia luego de que los hijos de Godoy contaran que su madre solía hablarles sobre los aviones y las avionetas que escuchaba en la zona rural donde trabajaba. El planteo fue realizado durante una entrevista en el programa La mañana con Moria, donde uno de ellos recordó sus comentarios y reclamó que esos movimientos sean investigados.
“Cuando nos veíamos sí me comentaba que escuchaba aviones, avionetas”, relató uno de los hijos de la docente.
A partir de ese testimonio, la familia planteó la posibilidad de que los vuelos pudieran tener alguna relación con el traslado de drogas y pidió determinar si la actividad aérea en ese sector forma parte de un circuito clandestino.
La hipótesis también fue abordada por el periodista de A24, Roberto Menna, quien hizo referencia a la información que manejan las fuerzas de seguridad sobre los movimientos aéreos en esa región.
“En los últimos meses, las autoridades de fuerzas federales nacionales hablan de que ya no hay vuelos aislados. Hay un corredor narco en todo ese sector del Litoral”, señaló Menna.
La afirmación plantea la posibilidad de que el tránsito de avionetas no responda a episodios aislados, sino a una actividad organizada para el traslado de estupefacientes. En ese contexto, uno de los interrogantes que buscan despejar los familiares es si la zona donde se encontraba la escuela rural en la que trabajaba Godoy pudo haber quedado vinculada, directa o indirectamente, con ese circuito.
Menna también cuestionó el escenario que rodea a la causa y se refirió a la intervención de los abogados que representan a personas vinculadas con la investigación. “Los abogados, que son muy caros, que uno no sabe quién los convoca, atienden a los peones que no llegan a fin de mes”, sostuvo el periodista.
La posible conexión con el narcotráfico aparece en un expediente que también contempla otras líneas de investigación. Entre ellas se encuentra la hipótesis de abuso sexual planteada por los abogados, que deberá ser contrastada con los elementos reunidos por los investigadores.
La familia, en cambio, puso el foco en los movimientos de avionetas y en la posibilidad de que la actividad vinculada con el narcotráfico en el Litoral pueda aportar información relevante para esclarecer el asesinato.
En ese sentido, también existen cuestionamientos sobre el alcance de las tareas realizadas por las fuerzas federales en el sector y sobre la profundidad con la que se investigaron los posibles vuelos ilegales.
Por el momento, la eventual relación entre el crimen de Godoy y el narcotráfico constituye una línea que requiere comprobación judicial.
Godoy fue encontrada muerta en Corrientes. El Instituto Médico Forense determinó que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas cortantes y punzocortantes. También se detectaron marcas compatibles con intentos de defensa.
La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes buscan reconstruir las circunstancias del asesinato y determinar la responsabilidad de las cinco personas detenidas.
Entre los sospechosos se encuentra Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde está ubicada la escuela en la que Godoy trabajaba como suplente. También permanecen detenidos Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, ambos vinculados con el establecimiento rural.
La lista se completa con Rosa Leguizamón, quien mantenía contacto con la docente y la ayudaba durante sus traslados por la zona, y Ernesto Ezequiel Bordón, inicialmente acusado de falso testimonio por sus declaraciones durante la investigación.
Otro elemento incorporado al expediente, según publicó Diario Época, es una fotografía que habría sido encontrada en el teléfono celular de uno de los detenidos. Su contenido y las circunstancias en las que fue obtenida deberán ser esclarecidos por la Justicia.
