La comisaría 3ra de La Tablada donde se habrían producido los abusos entre septiembre de 2019 y enero de 2020. (Foto: Télam)
Un jurado popular declaró este sábado culpables a diez policías por los abusos sexuales y vejámenes de varias detenidas, quienes sufrieron consecuencias "nefastas y traumáticas", cometidos entre septiembre de 2019 y enero de 2020 en la comisaría de la localidad bonaerense de La Tablada, informaron fuentes judiciales.
La decisión de los jurados fue tomada esta madrugada tras varias horas de deliberación luego de que durante toda la semana escucharon los diferentes testimonios en la sede de la Unión Industrial local, ubicada San Justo.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, quien estaba a cargo de la comisaría 3ra. de La Tablada cuando se produjeron los ataques, fue declarado culpable como coautor del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario de la fuerza policial reiterado en cinco hechos", junto a la agente Silvina Eva Suárez.
Además, a los subinspectores Javier Ramón González y Ángel Ariel Reales los consideraron "partícipes secundarios" de esos delitos. En tanto, por "severidades" fueron declarados culpables Gómez, González, Reales, Silvia Viviana Solari y Lara de las Nieves Taramazzo, mientras que por "vejaciones" Hernán Federico Garzón, Johanna Elizabeth Romero y Yanina Ester Vargas.Según las fuentes, el jurado también culpó a Javier Norberto Hinojosa por "encubrimiento por favorecimiento personal".
Por su parte, los policías Maida Celeste Ruiz, Cristian Andrés Aliaga, Ariel Hernán Pasquale, Leandro Fabio Maidan y Valeria Alejandra Suárez fueron declarados "no culpables".
Tras el veredicto del jurado, el juez Gerardo Gayol del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana, cuando se realizará la audiencia de cesura en la que impondrá las penas correspondientes.
Durante el juicio, el fiscal Jorge Yametti y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representó a las víctimas, dieron por acreditado los abusos sexuales y vejámenes cometidos entre septiembre de 2019 y enero de 2020, en la seccional 3era. de La Matanza, con jurisdicción en La Tablada.
En el procesamiento con prisión preventiva de los policías, la jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mari Castillo, compartió en su momento "lo sostenido por la fiscalía en cuanto a que resultan más que notorias las consecuencias nefastas y traumáticas que los hechos denunciados provocaron en ellas".
En el escrito al que Télam tuvo acceso, Castillo dijo que hubo "situaciones de humillación, abuso, discriminación y destrato, entre otras vivencias que generaron -en mayor o menor medida- sentimientos de indefensión, temor y angustia, siendo la piedra angular de tales diagnóstico, asimilables a los episodios narrados en autos".
La magistrada tuvo en cuenta las declaraciones de los integrantes de los equipos de Inspecciones y Salud Mental de la CPM que entrevistaron a las víctimas.
"Y ello encuentra asimismo sustento en los testimonios juramentados de los miembros de la CPM, quienes, en alguno de los casos, han sido las primeras personas en tener contacto directo con la situación y las víctimas, al acercarse a la comisaría en cuestión, entrevistarse con las femeninas alojadas escucharlas y observar las condiciones en que aquellas se encontraban", destacó.
Al respecto, uno de los integrantes de la CPM afirmó que al salir del lugar tuvieron "la sensación de que fue como haber estado en un campo de concentración" y que hace doce años recorren cárceles y comisarías para inspeccionar, pero este "nivel de tortura y vejámenes" no lo veían "hace tiempo".
Otra integrante de la misma comisión declaró que hace ocho años se dedica a escuchar personas privadas de su libertad que denuncian distintos tipos de abusos, pero "esto fue terrible, por la magnitud del hecho y la continuidad en las vejaciones".
De acuerdo a los voceros, cuatro de los acusados se encontraban en funciones al momento de ser detenidos el 13 de mayo de 2020 y los restantes ya habían sido desafectados en enero de ese año, cuando la CPM y la Defensoría General de La Matanza denunciaron los hechos y el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la intervención de la seccional.
