El triple crimen de Florencio Varela volvió a ocupar el centro de la escena judicial y mediática luego de que la abogada Verónica Bellis, representante de la familia de Lara Gutiérrez, denunciara la desaparición de una prueba clave en la causa.
El triple crimen de Florencio Varela volvió a ocupar el centro de la escena judicial y mediática luego de que la abogada Verónica Bellis, representante de la familia de Lara Gutiérrez, denunciara la desaparición de una prueba clave en la causa. El hecho no solo reaviva las dudas sobre la investigación, sino que podría modificar el rumbo del expediente si se confirma que el material fue manipulado o directamente eliminado.
Según la letrada, existen serias inconsistencias en los registros fílmicos que integran la causa, en particular aquellos que muestran los movimientos de los principales acusados el día en que se cometieron los asesinatos. “Se salta del cero a cero ocho minutos y no aparece justamente esa parte”, aseguró Bellis, en referencia a un fragmento de video en el que, según la hipótesis de la querella, ocurriría un momento decisivo del encuentro entre “Pequeño J” y las víctimas.
La sospecha, según detalló la abogada, es que ese tramo borrado o ausente podría contener las imágenes que prueban el instante en que el supuesto autor intelectual se reunió con las tres mujeres luego asesinadas: Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Florencio. La pérdida de ese registro genera un impacto directo en la reconstrucción de los hechos, ya que se trata de una de las pruebas que permitiría vincular directamente a los detenidos con el lugar del crimen.
Bellis también advirtió que no existe documentación que acredite la procedencia exacta de algunas de las pruebas incorporadas al expediente, especialmente aquellas que fueron determinantes para identificar a los sospechosos. “No sabemos de dónde salió esa información”, dijo, en relación a los peritajes que habrían sido aportados por fuentes externas a la investigación oficial.
El tono de su denuncia sube aún más cuando asegura que “a medida que va saliendo en la tele, van apareciendo las cosas”, en clara alusión a la influencia mediática que atraviesa la causa. Para la abogada, la difusión de ciertos datos en televisión no solo contamina el proceso, sino que también parece anticipar el rumbo de las decisiones judiciales. “La causa está completamente afectada por lo que se dice en los medios”, insistió.
La declaración de Bellis generó una ola de reacciones en los tribunales de Lomas de Zamora, donde se instruye el expediente. Fuentes cercanas al caso admiten que ya se evalúa la posibilidad de pedir una auditoría técnica sobre los videos de seguridad, con el objetivo de determinar si existió una manipulación o una falla en el registro original. Si se comprobara que hubo edición o pérdida intencional del material, se abriría una nueva causa paralela por encubrimiento y adulteración de pruebas.
El triple crimen, descubierto el pasado mes, conmocionó a la comunidad de Florencio Varela por la brutalidad con la que fueron asesinadas las tres jóvenes. Los cuerpos fueron hallados enterrados en el patio trasero de una vivienda ubicada en el barrio El Alpino, en un terreno perteneciente a uno de los principales imputados.
Allí, según los investigadores, se habría producido una reunión la noche previa al hallazgo, en la que participaron al menos ocho personas, entre ellas los hoy detenidos. A partir de testimonios, escuchas y pericias, se reconstruyó que las víctimas fueron golpeadas y luego asesinadas, para posteriormente ser enterradas en una fosa cavada especialmente.
Hasta el momento, el expediente cuenta con nueve detenidos y un décimo implicado identificado como el supuesto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, quien está vinculado al narcotráfico y al crimen organizado local.
La lista de acusados la encabeza Miguel Ángel Villanueva Silva, dueño de la casa donde se hallaron los cuerpos, imputado por triple homicidio agravado. Su pareja, Magalí Celeste González Guerrero, está señalada por participación activa y encubrimiento, al igual que Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, quienes fueron sorprendidos limpiando rastros de sangre en el lugar del crimen.
Otro de los involucrados es Ariel Giménez, acusado de ser quien cavó la fosa donde las víctimas fueron enterradas. También figuran Lázaro Víctor Sotacuro, identificado como el chofer del vehículo utilizado para trasladar los cuerpos y materiales, y su sobrina, Milagros Florencia Ibáñez, presuntamente implicada en el ocultamiento y traslado posterior. Finalmente, Matías Agustín Ozorio fue imputado por realizar tareas logísticas y de apoyo al grupo principal.
Sin embargo, todas las miradas apuntan a “Pequeño J”, un hombre con antecedentes por tráfico de drogas y fuertes conexiones con bandas del conurbano bonaerense. Según la investigación, él habría ordenado los asesinatos tras un conflicto vinculado al control de territorios y deudas de dinero relacionadas con la venta de estupefacientes.
La desaparición de minutos enteros del registro de video no solo pone en jaque el trabajo de los peritos, sino que también alimenta sospechas de complicidad interna. En el entorno de la querella creen que alguien con acceso al material original podría haber intervenido los archivos para borrar pruebas incriminatorias.
Esta hipótesis cobra fuerza si se tiene en cuenta que, desde el comienzo, la causa estuvo marcada por filtraciones mediáticas, contradicciones testimoniales y fallas en la cadena de custodia. “Hay irregularidades que no pueden pasarse por alto. Esto no es un simple error técnico”, enfatizó la abogada Bellis.
Mientras tanto, la familia de Lara Gutiérrez sigue reclamando justicia. En los últimos días, sus allegados se manifestaron frente a los tribunales con carteles que decían “Faltan respuestas” y “Queremos la verdad completa”. Para ellos, la desaparición del video es un indicio claro de que alguien busca encubrir a los verdaderos responsables o desviar la investigación hacia los eslabones más débiles del grupo.
En paralelo, el Ministerio Público analiza la posibilidad de reforzar la pericia sobre los dispositivos de grabación y las cámaras de seguridad del barrio. Los técnicos buscan determinar si los archivos fueron eliminados de manera manual o si se trató de una falla del sistema. En cualquiera de los casos, la ausencia de esos ocho minutos resulta determinante.
El impacto del caso trasciende los límites judiciales. En el ámbito político, algunos referentes locales de Florencio Varela pidieron mayor transparencia en la investigación, mientras que agrupaciones feministas y de derechos humanos reclaman que el triple crimen sea abordado como un caso de violencia de género extrema, dado el perfil de las víctimas y las circunstancias en que fueron asesinadas.
Los próximos días serán decisivos. Si la fiscalía confirma que la grabación fue alterada, no solo podría reconfigurarse la acusación principal, sino también abrirse un nuevo capítulo de investigación dentro del mismo expediente. La querella prepara un pedido formal para que intervenga la Procuración General bonaerense, con el objetivo de garantizar la independencia del proceso.
La sospecha sobre la pérdida de material probatorio vuelve a instalar un interrogante que atraviesa muchas causas criminales en la Argentina: ¿cuántas veces las pruebas se esfuman cuando podrían comprometer a alguien poderoso?. En este caso, el interrogante es doblemente grave, porque no se trata de un simple robo o un hecho aislado, sino de un crimen múltiple con evidentes vínculos con el narcotráfico.
El triple homicidio de Florencio Varela no solo estremeció a una comunidad, sino que ahora también pone a prueba la credibilidad del sistema judicial. A medida que surgen más dudas sobre la cadena de custodia, el riesgo de impunidad se vuelve cada vez más real. Y si la desaparición de una prueba clave se confirma, el caso podría convertirse en uno de los escándalos judiciales más resonantes del año.
