La Justicia de Río de Janeiro solicitó este miércoles la prisión preventiva de Agostina Páez, de 29, años tras ser acusada de injuria racial.
La Justicia de Río de Janeiro pidió este miércoles la prisión preventiva de Agostina Páez, de 29, años luego de ser acusada por injuria racial.
Agostina Páez atraviesa un infierno en Brasil. Luego de que el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro presentara una denuncia formal y solicitara su prisión preventiva, la abogada de 29 años acudió a su defensor, Sebastián Robles, con un llamado telefónico entre lágrimas y en medio de la desesperación
“Está muy preocupada y triste, siente que esto ya es una pena anticipada”, revelaron desde el entorno de la joven argentina al Diario Perfil, que dialogó con su abogado y calificó la imputación por injuria racial como una medida “totalmente desproporcionada y arbitraria”.
Páez se encuentra actualmente en una vivienda con tobillera electrónica, con el pasaporte retenido y prohibición de abandonar el país, luego del incidente a la salida de un boliche, el pasado 14 de enero, cuando cámaras de seguridad captaron el momento en que realizó gestos y sonidos comparables a los de un mono. Estos gestos estaban presuntamente dirigidos a los empleados del local bailable, a quienes acusó de haberle realizado cobros indebidos y gestos obscenos durante la noche.
Este miércoles se conoció una nueva medida del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro, basada en los testimonios de los empleados del local, respaldados por testigos y por las imágenes de las cámaras de seguridad incorporadas a la causa.
Luego de que tomara estado público la nueva ofensiva judicial, el abogado de la joven reconoció que actualmente tramita un habeas corpus para que Páez pueda volver a la Argentina y seguir el proceso desde su domicilio.
“Hasta el día de la fecha no tenemos respuesta por parte de la justicia brasileña. Por eso, en paralelo, realizamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se solicitaron las medidas cautelares pertinentes para destrabar esta situación”, reconoció Robles.
En la misma línea, explicó: “No hay antecedentes condenatorios por este hecho en Brasil, pero es un delito muy grave que ya se toma como un proceso muy extenso”.
“No tenemos garantía de nada. Hay que ver el tema de la intervención jurídica ante la violación flagrante de los derechos humanos y del principio de inocencia”, concluyó el letrado, quien espera una respuesta judicial en los próximos días.