La joven de 29 años está acusada de insultar y realizar gestos discriminatorios contra empleados de un restaurante. La fiscalía consideró insuficientes las medidas actuales.
El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro solicitó en las últimas horas la prisión preventiva de Agostina Páez, la argentina de 29 años que permanece retenida en Brasil desde hace casi un mes, acusada de realizar gestos y expresiones racistas contra empleados de un restaurante de esa ciudad. La joven cumplía ya una medida de aislamiento en un departamento y porta una tobillera electrónica.
Según informó el organismo, Páez se encontraba junto a dos amigas en el local gastronómico cuando mantuvo una discusión con el personal por el valor de la cuenta. En ese contexto, habría insultado a uno de los mozos con expresiones vinculadas a su color de piel.
“Según la denuncia penal, la imputada llamó ‘negro’ a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo”, detalló el Ministerio Público.
La acusación también incluye un episodio con la cajera del restaurante. De acuerdo con el comunicado oficial, Páez la habría llamado “mono” durante la discusión. “Aun después de ser advertida por la víctima, la acusada se dirigió a la cajera del bar y la llamó ‘mono’, además de hacer gestos que simulaban al animal”, precisaron.
En el pedido de prisión preventiva, el fiscal del caso sostuvo que las medidas impuestas hasta el momento no resultan suficientes para garantizar el desarrollo del proceso. “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”, señala un fragmento del escrito citado por la prensa brasileña.
El funcionario judicial también remarcó que la conducta atribuida a la imputada refuerza la necesidad de su detención, ya que, “incluso después de haber sido advertida por más de un funcionario de que su conducta constituía un delito en Brasil, la acusada persistió en los delitos raciales, extendiéndolos incluso a espacios públicos”.
En esa línea, consideró que la actitud de Páez constituyó un “desprecio por las normas jurídicas y sociales, así como baja adhesión a las órdenes de alejamiento”.
Páez había viajado a Río de Janeiro de vacaciones y debía regresar a la Argentina hace aproximadamente tres semanas. Sin embargo, la denuncia en su contra derivó en la prohibición de salida del país y en la imposición de medidas restrictivas.
Desde entonces, se encuentra alojada en un departamento que debe costear por su cuenta, acompañada por su hermana y amigas que viajaron para asistirla.
“Ahora está en un lugar más seguro. El departamento lo paga ella y todo corre por su cuenta; esa es la situación grave. No sabemos hasta cuándo va a poder soportar el tema económico porque no es una chica pudiente como pintan. Estamos lidiando con eso para que sea lo más rápido posible, pero evidentemente viene para rato”, relató su abogado, Sebastián Robles.
Imputada por el delito de “injuria racial”, la joven utiliza una tobillera electrónica para controlar que no se acerque a las fronteras, aunque no tiene prohibido circular por la ciudad de Río de Janeiro. Además, ya le fue devuelto su DNI, que había sido retenido en un primer momento.
En paralelo, la defensa presentó un habeas corpus para solicitar que se le autorice regresar a la Argentina y continuar el proceso desde su país.
“No tenemos garantía de nada. Hay que ver el tema de la intervención jurídica ante la violación flagrante de los derechos humanos que están haciendo y del principio de inocencia”, sostuvo el letrado, quien espera una respuesta judicial en los próximos días.
