El hombre, de 74 años, escapó de su arresto domiciliario en San Telmo. Su abogado atribuyó la fuga a las vulneraciones de sus derechos y recordó que había sido reconocido como refugiado en 2004.
El abogado de Leonardo Bertoluzzi habló con A24. (Foto: captura de pantalla).
“Es una decisión desesperada de una persona que vio durante dos años violados sus derechos", afirmó Rodolfo Yanzón, abogado de Leonardo Bertoluzzi, el hombre de 74 años que escapó de su departamento en el barrio porteño de San Telmo mientras cumplía arresto domiciliario. El letrado cuestionó el proceso de extradición solicitado por Italia y sostuvo que su defendido no tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa durante el juicio que derivó en su condena.
En declaraciones posteriores a la fuga, Yanzón también aseguró que la esposa del imputado fue quien advirtió su desaparición y se comunicó con él.
“Recibí varios llamados de la mujer de Leonardo Bertulazzi, preocupada porque no estaba en el departamento y además porque estaba la consigna policial, tres personas en la puerta del departamento, en el quinto piso, y otras policías en la planta baja”, contó en diálogo con A24.
El abogado defendió el reconocimiento de Bertoluzzi como refugiado y recordó que esa condición le fue otorgada en 2004, en el marco de la Convención de Naciones Unidas. Según explicó, la medida respondió a la persecución política y la represión ilegal contra militantes de izquierda que, de acuerdo con su planteo, tuvieron lugar en Italia durante las décadas del 70 y 80.
En esa línea, Yanzón cuestionó los fundamentos de la condena italiana y remarcó que su defendido fue juzgado en ausencia. “Él fue condenado en un juicio en ausencia, no pudo defenderse, condenado por el secuestro de un empresario y por haber integrado Brigadas Rojas. Esa es la acusación que pesa sobre él. Ninguna relación con el asesinato de Aldo Moro”, sostuvo.
El secuestro y asesinato de Aldo Moro, ex primer ministro italiano, fue uno de los crímenes políticos más resonantes de Europa: el dirigente fue capturado en Roma el 16 de marzo de 1978 y asesinado 55 días después por las Brigadas Rojas. En ese período, Bertulazzi fue vinculado con la estructura logística de la organización, aunque su condena a 27 años de prisión estuvo relacionada con otros delitos, entre ellos el secuestro del empresario Pietro Costa.
Yanzón también apuntó contra el recorrido judicial del expediente y recordó que la jueza federal María Romilda Servini había rechazado en 2002 un pedido de extradición de Italia por los mismos hechos.
Según explicó, en aquella oportunidad la magistrada consideró que no estaban garantizadas las condiciones para que Bertoluzzi pudiera acceder a un nuevo juicio y ejercer su derecho a la defensa.
“Ahora cambió de postura la jueza y concedió la extradición, que luego fue confirmada por la Corte Suprema”, sostuvo el abogado.
El letrado también cuestionó que la magistrada haya dejado de intervenir en el expediente después de la fuga y planteó que todavía existe una discusión pendiente sobre la condición de refugiado de su defendido.
En ese sentido, remarcó que la Corte Suprema confirmó la extradición, pero no se pronunció sobre el estatus de refugiado: “El debate sobre el estatus de refugiado sigue estando en debate y la Corte jamás se pronunció sobre el refugio”.
El escape ocurrió alrededor de las 6:53, cuando Bertoluzzi logró abandonar el departamento ubicado en la calle Defensa al 600, donde permanecía bajo arresto domiciliario y con vigilancia policial.
Según la reconstrucción del episodio, el hombre utilizó un arnés y un sistema de cuerdas para descender aproximadamente 15 metros desde un quinto piso. Para concretar la maniobra habría aprovechado distintas estructuras transversales dentro de la vivienda, que le permitieron realizar el descenso sin pasar por los accesos habituales del edificio.
Una vez en el exterior, atravesó un terreno baldío y superó un paredón de aproximadamente cuatro metros de altura, que tenía alambre tejido.
Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con los elementos que Bertoluzzi habría utilizado para evitar que se detectara la fuga mediante la tobillera electrónica.
De acuerdo con la información del caso, el hombre habría recurrido a un tubo con grasa de cerdo y un tensiómetro para simular tanto el calor corporal como los latidos humanos. De esa manera, habría intentado engañar el sistema de monitoreo electrónico y evitar que se activaran las alertas correspondientes.
Los investigadores también buscan determinar si su esposa tuvo participación en la preparación de los elementos utilizados para concretar el escape. La mujer es médica de Médicos Sin Fronteras y su eventual complicidad forma parte de las hipótesis que se analizan.
En 1985 fue condenado en ausencia a una pena de 27 años de prisión. Sin embargo, su defensa sostiene que el proceso judicial se desarrolló sin que pudiera ejercer su derecho a defenderse y cuestiona las condiciones en las que se llevó adelante la investigación en Italia.
El hombre llegó a la Argentina alrededor de 2002, posiblemente de manera irregular desde Chile, y habría utilizado una motocicleta que había comprado en El Salvador para ingresar al país.
En 2004 obtuvo el reconocimiento de refugiado. Sin embargo, durante el Gobierno de Javier Milei esa condición fue revocada, una decisión que facilitó el avance del pedido de extradición presentado por Italia para que cumpla allí la condena.
"El Gobierno de Javier Milei ha avasallado la ley de inmigraciones y la ley de refugio con decretos de necesidad y urgencia, restringiendo sensiblemente los derechos de los refugiados y los migrantes. Y esto lamentablemente fue avalado por la jueza (Servini), que además dispuso, siendo refugiado Bertoluzzi, su detención", expresó el letrado.
