El expediente por el homicidio de Diego “el Gaita” Fernández Lima, ocurrido en 1984 y redescubierto tras el hallazgo de sus restos en un chalet de Coghlan, sumó un nuevo capítulo judicial que vuelve a dejar al caso en un limbo procesal.
El expediente por el homicidio de Diego “el Gaita” Fernández Lima, ocurrido en 1984 y redescubierto tras el hallazgo de sus restos en un chalet de Coghlan, sumó un nuevo capítulo judicial que vuelve a dejar al caso en un limbo procesal. El juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 56, resolvió rechazar —al menos en esta instancia— el pedido de citación a indagatoria solicitado por el fiscal Martín López Perrando contra el principal sospechoso, Cristian Graf.
El magistrado consideró que la solicitud fiscal carece de los elementos procesales mínimos para poder encuadrar una acusación concreta en los términos exigidos por el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). De esta manera, la declaración indagatoria, que se presentaba como un paso clave en la investigación, quedó suspendida hasta tanto la fiscalía reformule los cargos con mayor precisión.
De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso Infobae, el juez Litvack argumentó que la acusación del fiscal “no cuenta con una concreta imputación bajo tal identidad del imputado”, lo que impide dar curso a la indagatoria. Según el magistrado, el escrito presentado por la fiscalía es demasiado amplio y no cumple con las exigencias del artículo 298 del CPPN, que establece que el imputado debe ser informado de manera clara y detallada sobre el hecho que se le atribuye y las pruebas en su contra.
“El alcance de la prueba presentada y la extensión de los hechos narrados impiden conferir tal imputación que cumpla con las exigencias legales”, sostuvo Litvack en su dictamen, al tiempo que devolvió el sumario al fiscal para que reformule la acusación.
El artículo 298 del Código Procesal Penal es una de las piedras angulares del debido proceso. Allí se establece que el imputado debe conocer con precisión de qué se lo acusa, qué pruebas existen en su contra y cuáles son sus derechos en la declaración indagatoria, entre ellos, el de abstenerse de declarar sin que ello implique presunción de culpabilidad.
Por eso, para Litvack, la presentación del fiscal era insuficiente: no bastaba con describir de manera amplia los hechos, sino que debía especificarse con mayor claridad cuál era la conducta concreta que se atribuía a Norberto Cristian Graf, de 58 años, y en qué grado de responsabilidad penal se lo enmarcaba.
La resolución fue recibida con alivio por la defensa del sospechoso. El abogado Martín Díaz, integrante del equipo legal de Graf, expresó en diálogo con la prensa que la decisión confirma lo que venían advirtiendo desde hace meses: “Había incongruencias entre la prueba aportada y la acusación, falta de nitidez y claridad en el pedido, y una orfandad probatoria evidente”.
Para la defensa, la devolución del sumario representa un respaldo a su planteo de que el proceso debía avanzar con mayores certezas y sin acusaciones vagas que no garantizan el derecho de defensa en juicio.
Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que la resolución no constituye un rechazo en sentido estricto, sino más bien una “devolución técnica”. En otras palabras, el juez no descartó de plano la posibilidad de citar a indagatoria a Graf, sino que pidió que la fiscalía mejore y precise los fundamentos de la imputación antes de resolver sobre el fondo de la cuestión.
“Para el magistrado no existe en el dictamen una concreta imputación bajo la cual intimar debidamente al acusado. Por eso, devuelve el pedido para que se reformule con mayor exactitud”, señalaron voceros del caso.
El martes pasado, el fiscal López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, había solicitado la indagatoria de Graf por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia. La acusación se basaba principalmente en el hallazgo de los restos de Fernández Lima en la vivienda del sospechoso, una prueba clave que fue confirmada por los estudios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Los peritos corroboraron que los restos óseos pertenecían al joven desaparecido el 26 de julio de 1984, cuando tenía apenas 16 años. El descubrimiento, realizado el pasado 20 de mayo, reactivó una causa que llevaba cuatro décadas sin respuestas para la familia de la víctima.
En su dictamen, López Perrando sostuvo que, aunque no se pudo acreditar la autoría material del homicidio, sí quedó demostrado que la víctima fue asesinada y luego enterrada en el interior de la vivienda donde residía y aún reside Graf.
El fiscal también indicó que el imputado ejecutó “maniobras tendientes a encubrir la verdad” y brindó declaraciones contradictorias con el objetivo de desviar la investigación. Entre ellas, llegó a sostener que en el terreno funcionó una iglesia donde se enterraban cuerpos, o que los restos pudieron haber llegado al lugar como parte de un cargamento de tierra utilizado para rellenar el lote.
Otra de las actitudes sospechosas señaladas por la fiscalía ocurrió durante las excavaciones realizadas por obreros en el terreno lindero a su vivienda. Graf se mostró “preocupado” y pidió que no se cortara un árbol cercano a la medianera, debajo del cual finalmente aparecieron los huesos de Fernández Lima.
La investigación también reveló que Graf y Fernández Lima se conocían: ambos fueron compañeros en la Escuela Nacional de Educación Técnica N°36 y compartían la pasión por las motocicletas. Para el fiscal, esta coincidencia reforzó la hipótesis de que el acusado sabía de la existencia del cadáver en su propiedad y que no era ajeno a la historia que permaneció oculta durante 40 años.
El caso de Diego Fernández Lima es uno de los más enigmáticos de la historia policial reciente. Desaparecido en plena adolescencia, durante décadas no se supo nada de su destino hasta que el hallazgo en Coghlan reabrió todas las sospechas. El chalet donde aparecieron los restos está ubicado al lado de una vivienda donde vivió Gustavo Cerati, lo que atrajo aún más la atención mediática en las primeras semanas de investigación.
Si bien la justicia pudo confirmar la identidad de los huesos gracias al trabajo del EAAF, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quién lo mató?. El proceso penal, encabezado por el fiscal López Perrando, busca ahora redefinir la imputación para avanzar sobre Graf, considerado el principal sospechoso.
