El juez Ernesto Kreplak comenzó este jueves las declaraciones a los imputados por los lotes contaminados de HLB Pharma que dejaron 96 muertos.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, comenzó este jueves con las declaraciones indagatorias a los once detenidos por el escándalo del fentanilo contaminado que dejó un saldo de 96 pacientes muertos. Las detenciones se concretaron anoche, en un amplio operativo de la PSA y Gendarmería.
En la nómina de imputados sobresale la familia García Furfaro, con un peso central en la conducción de HLB Pharma. Fueron arrestados el propietario Andrés García Furfaro, sus hermanos Damián y Diego, su madre Nélida y su abuela Olga Arena, de 88 años, quien permanece bajo detención domiciliaria. Todos integraron en algún momento el directorio de la firma, incluida Arena, que ejercía la presidencia cuando se elaboró el lote 31.202, fechado el 18 de diciembre de 2024.
Además del clan familiar, también quedaron bajo investigación judicial:
Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios.
Los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio.
El director técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano.
Los accionistas de Laboratorios Ramallo, Horacio Tallarico (presidente) y Rodolfo Labrusciano (director suplente).
El procedimiento fue coordinado por el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, a pedido de la fiscal federal María Laura Roteta y del titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias. La hipótesis central del dictamen apunta a los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, que habrían salido al mercado con bacterias Klebsiella y Ralstonia, y que además podrían haber tenido desvíos en la cantidad de producto con destino al circuito ilegal.
La fiscalía también puso la mira en los organismos estatales de control, lo que llevó a Kreplak a revocar la participación del Ministerio de Salud como parte querellante. Según fundamentó el juez, existen “omisiones y/o connivencias” dentro del Ejecutivo que ameritan investigación. El dictamen incluyó un anexo firmado por Sergio Rodríguez, titular de la PIA, que pidió profundizar sobre la tarea de los entes públicos encargados de fiscalizar a los laboratorios.
El expediente, iniciado el 12 de mayo tras una denuncia de la ANMAT, se disparó luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones inusuales. Posteriores estudios del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en los pacientes coincidían genómicamente con las detectadas en ampollas secuestradas en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, advirtió la fiscal Roteta, quien además sostuvo que la magnitud del brote aún no está plenamente determinada.
La investigación se enmarca en el Capítulo IV del Código Penal, referido a los delitos contra la salud pública, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión para quienes adulteren medicamentos y sanciones más graves si esa adulteración deriva en la propagación de enfermedades o en la muerte de personas.
El avance del caso sumó además la colaboración de distintas áreas del Ministerio Público Fiscal —entre ellas la PROCUNAR, la PIA, la DATIP y la SIFRAI—. Según el juzgado, las pericias evidenciaron “graves falencias estructurales” en la producción que derivaron en que los lotes contaminados se distribuyeran en todo el país, con consecuencias letales.
Tras las indagatorias, Kreplak deberá resolver si dicta procesamientos, qué calificación penal corresponde a cada acusado y si se les impone prisión preventiva.
