La mujer se desempeñaba como profesora interina en la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini y fue considerada culpable del delito de abuso de autoridad.
La profesora le pedía dinero a sus alumnos para aprobarlos (Foto: gentileza El Litoral)
Una docente de Corrientes fue condenada a tres años de prisión en suspenso después de que la Justicia comprobara que les exigía dinero a sus alumnas a cambio de aprobarlas. En uno de los casos, la profesora reclamó $100.000 y amenazó por WhatsApp a una estudiante con desaprobarla si no completaba el pago.
La mujer se desempeñaba como profesora interina en la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini y fue considerada culpable de los delitos de abuso de autoridad y concusión.
La sentencia fue dictada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, quien homologó un juicio abreviado pleno. Además de la pena de prisión en suspenso, la docente recibió tres años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa de $360.000.
La investigación se concentró en dos episodios ocurridos durante el ciclo lectivo 2025. El primero se produjo entre junio y julio, cuando la profesora le exigió $100.000 a una estudiante para aprobarla sin que asistiera a clases.
La joven llegó a entregarle $30.000, pero posteriormente la docente comenzó a reclamarle el dinero restante. De acuerdo con lo establecido en la causa, utilizó mensajes de WhatsApp para presionarla y le advirtió que, si no completaba el pago, no aprobaría el módulo.
Los investigadores lograron recuperar y analizar las comunicaciones entre ambas, que posteriormente se convirtieron en una de las pruebas utilizadas para acreditar la maniobra.
El segundo episodio investigado había ocurrido en abril de 2025 y tuvo como víctima a otra estudiante. En ese caso, la docente le pidió $150.000 con la condición de que pagara para evitar ser desaprobada. A diferencia del primer hecho, el dinero fue enviado a través de Mercado Pago, por lo que el comprobante de la transferencia quedó incorporado al expediente.
La investigación reunió audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, declaraciones testimoniales e informes sociales para reconstruir lo ocurrido.
También fueron incorporadas las actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio de Educación de Corrientes. Con ese conjunto de elementos, la Justicia consideró probados ambos hechos y homologó el acuerdo alcanzado mediante el juicio abreviado.
Además de la condena a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer el cargo durante el mismo período, la Justicia estableció una serie de reglas de conducta. La mujer deberá fijar residencia y un número de contacto, presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial y no cometer nuevos delitos.
También tendrá prohibido acercarse a menos de 100 metros de las estudiantes que la denunciaron y no podrá realizar actos de intimidación, hostigamiento, perturbación o violencia contra ellas.
Por otra parte, la sentencia fijó una reparación económica total de $480.000, que deberá distribuirse en partes iguales: cada una de las estudiantes recibirá $240.000 por los daños ocasionados.
A esa suma se añadirá la multa de $360.000 establecida en la condena, monto que, según la resolución judicial, representa el doble del valor de la exacción.
