"La Manada", así se hacía llamar el grupo de jóvenes españoles acusados de violación.
El 7 de julio de 2016 una joven de 18 años se sentó en un banco de la Avenida de Roncesvalles, en la ciudad de Pamplona, España, durante las fiestas de los Sanfermines. Eran cerca de las 7 de la mañana y la adolescente lloraba. Una pareja se acercó y, en estado de shock, logró contarles que cinco hombres la habían agredido sexualmente a pocos metros del lugar.
El hombre y la mujer llamaron al 112 y la chica realizó la denuncia esa misma madrugada. Las detenciones se produjeron con rapidez y durante los siguientes años el caso se convirtió un tembladeral para el país. El debate sobre el abuso y el consentimiento explícito se coló al interior de los partidos políticos y miles de mujeres salieron a protestar a las calles.
Tras la denuncia, los agresores fueron detenidos en la plaza de toros de la ciudad. Los hombres eran oriundos de Sevilla, tenían entre 26 y 29 años y se hacían llamar "La Manada". Se trataba de José Ángel Prenda ('El Prenda'), Ángel Boza Florido, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero.
A partir de ese momento, los hechos se sucedieron con rapidez. El 13 de julio, la Justicia les decretó a los implicados la prisión provisional sin fianza, y el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona les imputó los delitos de agresión sexual y robo. Por esos días, miles de personas se manifestaron en Pamplona en repudio a la violación.
La indignación colectiva aumentó semanas después cuando se supo que los jóvenes habían grabado el ataque con sus celulares y compartido el material por WhatsApp. “Follándonos a una entre los 5”, decía uno de los mensajes de los acusados que difundió la prensa por esos días. “Todo lo que cuente es poco”, le respondió otro, junto a un video.
No era el primer hecho de abuso sexual al que se los vinculaba. En rigor, el 4 de octubre, el juez que investigaba la violación grupal en los sanfermines vio indicios de abuso a raíz de otros videos de miembros de La Manada. En este caso, se trataba de una joven de 21 años en Pozoblanco, en Córdoba, en mayo de 2016.
Finalmente, el juicio por la violación en Pamplona comenzó en noviembre de 2017. La Fiscalía pidió para cada uno de los acusados 22 años de prisión. En tanto, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra elevaron el pedido a 26 años por cinco delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y por robo con intimidación. El proceso judicial fue a puertas cerradas y los videos de la violación fueron custodiados para evitar que su difusión.
Durante el juicio, el caso copó la agenda mediática. Por esos días, un medio digital publicó la declaración íntegra de la víctima. En ella, la sobreviviente narraba el miedo y el desamparo que sintió durante y después de la agresión. "Estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, quería que todo pasara rápido y cerré los ojos para no enterarme de nada”, afirmó.
Los agentes que encontraron a la joven esa mañana ratificaron, al igual que durante la instrucción de la causa, que en ningún momento les dio la sensación de que estuvieran ante un comportamiento fingido. Los cinco acusados, por su cuenta, rechazaron los cargos, salvo uno de ellos que reconoció el robo del teléfono móvil de la chica.
En este marco, la defensa tomó una estrategia polémica. Entre otras cosas, presentó como prueba un informe de detectives particulares sobre la actividad de la chica en redes sociales sociales después de lo ocurrido. La idea, como suele ocurrir en estos casos, era apuntar contra la denunciante.
En diciembre 2017, la Policía Foral de Navarra advirtió sobre la "difusión masiva de fotogramas" de los vídeos sobre la violación grupal en Sanfermines. Ante el hecho, la fuerza de seguridad recalcó que quienes difundieran las imágenes podían adquirir "responsabilidad penal por un delito contra la intimidad”.
Finalmente, en abril 2018 la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los acusados a nueve años de cárcel por "abuso sexual continuado", pero no por violación. La decisión judicial incluyó el voto de uno de los magistrados que pedía la absolución. Durante la lectura del fallo, cientos de manifestantes se congregaron a las puertas de la Audiencia al grito de "es violación, no es abuso".
Las protestas comenzaron a escalar de forma rápida. En Madrid, 10.000 personas se reunieron ante el Ministerio de Justicia. En Barcelona, 6.000 individuos se concentraron en la plaza de Sant Jaume, según reportó por esos días el diario El País, mientras que en Sevilla, Valencia y Bilbao centenares de mujeres se reunieron bajo carteles con la leyenda “Yo sí te creo”.
La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, que resolvió castigar a los autores por abuso sexual y no por violación, suponía que los magistrados consideraron que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación.
La sentencia sobre el ataque de La Manada provocó que el Gobierno y los partidos decidieran revisar el concepto de violencia para los casos de violación que figuraba en el Código Penal . Por esos días, la vicepresidenta del Gobierno y responsable de la cartera de Igualdad, Carmen Calvo, propuso que todo acto sexual sin consentimiento expreso sea delito. "Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”, aseguró.
Según el fallo del juico, el día previo a la violación, la joven se trasladó desde Madrid a Pamplona con un amigo. Como cualquier adolescente española durante las fiestas de San Fermín, esa noche cantó, bailó, tomó tragos y charló con la gente del lugar. En un momento, se separó del grupo de personas con las que estaba para saludar a un conocido. Eran cerca de las 3 de la mañana y decidió sentarse en un banco a descansar. A su lado, se encontraba un joven corpulento, apodado 'El Prenda'. Comenzaron a charlar y cuatro compañeros del chico se sumaron a la conversación.
Minutos después, la joven decidió ir a su coche a descansar y el grupo que la rodeaba la siguió. En el trayecto, uno de los chicos agarró del hombro y de la cadera a la joven, que intentó zafarse. En ese momento, Boza, uno de los sujetos, comenzó a besar a la adolescente, mientras dos de ellos la jalaron de los brazos y la hicieron ingresar al hall de un edificio.
Sin capacidad de reacción, los hombres la forzaron a realizarles sexo oral y tres de ellos la violaron. Mientras todo sucedía, Guerrero grabó seis vídeos y tomó dos fotos. Cabezuelo, por su parte, hizo otro vídeo. Tras el hecho, se marcharon y Guerrero le robó a la adolescente su celular, le quitó la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria, las arrojó al suelo y se fue. El hombre era Guardia Civil.
Tiempo después de la condena, el 21 de junio 2018 las calles de España volvieron a sacudirse. La Audiencia Provincial de Navarra decretó la libertad provisional bajo fianza de los cinco miembros de La Manada, que permanecían en prisión. Los condenados abandonaron con rapidez la cárcel y nuevamente miles de mujeres coparon las principales calles.
Días después, la sobreviviente publicó una carta, emitida en un programa de televisión, en la que pedía a las personas que sufrieran abusos sexuales que los contasen y denunciaran. Además, agradeció el apoyo y las protestas masivas.
Finalmente, en junio de 2019, el Tribunal Supremo español elevó de 9 a 15 años de prisión la pena de los cinco hombres al considerar que cometieron un delito de violación continuada, cuando agredieron sexualmente a la joven de 18 años. Para los magistrados, la actitud de los violadores "paralizó la voluntad de resistencia de la víctima, sin que en momento alguno existiera consentimiento por parte de la misma".
Los acusados fueron detenidos en Sevilla, sin oponer resistencia. Poco después, el Tribunal Superior confirmó una condena extra para dos miembros de La Manada por grabar la violación grupal. Además, fue condenado a dos años y un día de prisión un usuario que publicó en Twitter una imagen de la víctima mientras sufría la violación.
