Ante la propuesta, Luna optó por recurrir inmediatamente a sus abogadas de audiencia y de familia, en busca de orientación legal para actuar correctamente. “Me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué y se lo mandé a la chica que me contactó”, relató en el audio, intentando mantener distancia y seguir los pasos formales que le indicaban las autoridades judiciales.
Poco tiempo después, Pablo Laurta se convirtió en el principal sospechoso del brutal doble femicidio que sacudió Córdoba y todo el país. Fue detenido en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú tras un operativo policial que lo localizó mientras intentaba cruzar hacia Uruguay con su hijo. Según las investigaciones, Laurta habría asesinado a Luna y a su madre, Mariel Zamudio (50), y luego huyó con el menor, en un accionar que provocó un amplio repudio social y reavivó el debate sobre las fallas en los sistemas de protección a víctimas de violencia de género.
La revelación del audio amplificó la conmoción pública. La voz de Luna, expresando miedo y desorientación, se transformó en un símbolo del desamparo que viven muchas mujeres que denuncian violencia y no reciben respuestas efectivas a tiempo. Su testimonio grabado, pocas semanas antes del crimen, evidencia cómo ella misma percibía la peligrosidad de su expareja y buscaba asesoramiento para protegerse, pero el desenlace fatal no pudo evitarse.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que Laurta mantenía una actitud insistente y manipuladora, intentando retomar contacto con Luna bajo distintas excusas. La propuesta del supuesto viaje a Uruguay sería un ejemplo de esa estrategia. Utilizó a una tercera persona para transmitir la invitación, posiblemente con el fin de eludir controles judiciales y evitar levantar sospechas inmediatas.
Los investigadores analizan ahora las comunicaciones previas entre ambas partes y la identidad de la mujer que se presentó como licenciada en comunicación. Se intenta determinar si actuó de buena fe, engañada por Laurta, o si fue cómplice en el intento de acercamiento. También se revisan registros de transporte y movimientos fronterizos para reconstruir en detalle el plan de fuga del acusado.
La difusión del audio generó además una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su indignación ante lo que consideran un caso más de advertencias ignoradas. “Luna lo dijo. Tenía miedo. Pidió ayuda. Y nadie la protegió”, escribió una usuaria en X (ex Twitter), en uno de los mensajes que se multiplicaron en las últimas horas. Otros remarcaron que el relato de Luna es “el espejo de muchas mujeres que viven aterradas pero no son escuchadas”.
Vecinos y allegados a la joven describieron a Luna como una persona alegre, dedicada a su hijo y muy unida a su madre, quien también fue víctima del ataque. Según contaron, había intentado rehacer su vida lejos de Laurta, estableciendo límites claros en el contacto que mantenía por cuestiones de coparentalidad. Sin embargo, el hostigamiento persistente de su expareja era un factor constante de preocupación.
El caso volvió a poner bajo la lupa el accionar de la Justicia y de los organismos de protección, ya que Luna había recurrido en varias ocasiones a instancias legales para establecer medidas de seguridad. A pesar de ello, Laurta pudo acercarse nuevamente mediante terceros y planificar un crimen que dejó al descubierto vacíos en el seguimiento de agresores.
Especialistas en violencia de género remarcan que los casos en los que las víctimas expresan miedo explícito, como ocurrió con Luna, deberían activar protocolos reforzados de contención y vigilancia. “Cuando una mujer dice ‘tengo miedo de lo que pueda hacer’, esa frase debería encender todas las alarmas. No puede tratarse como un trámite más”, señaló una abogada consultada por medios locales.
Además, el episodio refleja cómo los agresores pueden recurrir a maniobras indirectas para quebrar las medidas judiciales, valiéndose de intermediarios o planteando situaciones aparentemente inocentes para retomar el control sobre sus víctimas. La propuesta de un viaje a Uruguay para celebrar un cumpleaños infantil podría parecer, a simple vista, una invitación cordial, pero en el contexto de una relación atravesada por violencia, representaba un intento de aislamiento y manipulación.
El crimen de Luna Giardina y Mariel Zamudio no solo sacudió a Córdoba, sino que se instaló en la agenda pública nacional como un ejemplo doloroso de los límites actuales en la prevención de femicidios. Organizaciones feministas y de derechos humanos convocaron a marchas y actividades para exigir justicia y reclamar políticas más efectivas de protección. “Este caso muestra lo que pasa cuando el Estado no escucha. Luna habló. Luna avisó. Y la mataron igual”, fue una de las consignas que se escuchó en las movilizaciones.
Mientras tanto, Pablo Laurta permanece detenido y enfrenta cargos gravísimos, que incluyen doble homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. De ser hallado culpable, podría recibir prisión perpetua. La investigación judicial busca no solo probar la autoría del crimen, sino también desentrañar la planificación previa que permitió que el ataque ocurriera pese a las señales de alarma.
En paralelo, el niño que Laurta intentó llevar consigo durante la fuga quedó bajo resguardo y contención psicológica, mientras la familia materna gestiona la tenencia. El menor es una pieza central en la reconstrucción de los hechos y en el impacto emocional que este crimen generó en su entorno más íntimo.
La voz de Luna, ahora reproducida en medios de comunicación y redes, resuena como un testimonio póstumo que denuncia no solo a su agresor, sino también a un sistema que no supo protegerla. Su historia, marcada por el miedo, la valentía de pedir ayuda y la tragedia final, se convirtió en un llamado urgente a revisar los mecanismos institucionales que deberían garantizar la seguridad de las víctimas.
