La ministra de Seguridad brindó una conferencia de prensa en el marco de la causa que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del joven.
La investigación por el soldado muerto en Olivos suma detalles impactantes
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció la detención de siete presos acusados de haber extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. El operativo se realizó en el marco de una investigación judicial que buscó esclarecer las circunstancias previas a la muerte del joven.
La funcionaria dio a conocer la información en una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien está a cargo de la causa. Allí detalló que los implicados habrían establecido contacto con la víctima a través de una aplicación de citas, utilizando un perfil falso bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”.
Según explicó Monteoliva, a partir de ese engaño se habría iniciado una maniobra de extorsión que derivó en presiones constantes sobre el joven. La investigación avanzó con el análisis de comunicaciones y datos digitales que permitieron reconstruir el accionar de la banda.
Por su parte, la jueza Sandra Arroyo Salgado precisó que los siete detenidos operaban desde la Unidad N°36 de Magdalena, donde se encontraban alojados al momento de los hechos. De acuerdo con la magistrada, desde allí coordinaban las maniobras y mantenían contacto con las víctimas mediante dispositivos móviles.
La titular del juzgado federal también señaló que el caso de Gómez no sería un hecho aislado, y repasó otros episodios similares detectados durante la investigación, lo que permitió identificar un patrón de funcionamiento en este tipo de estafas y extorsiones virtuales.
La causa continúa en curso y no se descartan nuevas medidas para determinar si hubo más personas involucradas en la organización y si existieron otras víctimas afectadas por el mismo mecanismo.
El soldado hallado sin vida era oriundo de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su perfil crediticio registra deudas de distinta antigüedad por casi dos millones de pesos con bancos y entidades financieras. El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército, mientras que la Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia.
Toda la información recabada fue puesta a disposición de la jueza Arroyo Salgado. De acuerdo a las primeras pericias, el disparo que provocó la muerte habría sido efectuado con un fusil FAL, arma que se encontraba junto al cuerpo.
Según los informes oficiales, el cadáver fue hallado “dentro de uno de los puestos internos” de la Quinta. De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes en ese marco, intervino la DUOF San Isidro de la PFA, que realizó las primeras actuaciones junto con el área de Seguridad Presidencial.
