Micaela García.
El cuerpo de Micaela García fue encontrado el 8 de abril 2017. Había sido violada y estrangulada tras salir de bailar en un boliche con amigos, y su cadáver fue descartado en un camino rural en las afueras de Gualeguay, en Entre Ríos. La joven, a quien llamaban cariñosamente “la Negra”, era militante del Movimiento Evita y del Ni Una Menos, estudiante de Educación Física y oriunda de Concepción del Uruguay.
El de Micaela García fue uno de los 254 femicidios que hubo en la Argentina en 2017 y sin dudas uno de los más impactantes. Fue, mucho más que cualquier otro, un crimen que se pudo haber evitado. El autor fue Sebastián Wagner, que tenía una condena a nueve años de prisión por dos violaciones, pero que al momento del hecho estaba en libertad condicional.
Lo había liberado el juez Carlos Rossi, a pesar de que el Servicio Penitenciario y la fiscalía habían desaconsejado la liberación: decían que Wagner no se había rehabilitado y que era peligroso.
Si bien Wagner fue condenado a cadena perpetua en octubre de 2017, hay otros dos hombres que fueron solo fueron juzgados y penados por encubrimiento. Por eso, para la familia, se hizo justicia “parcial” y decidieron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ).
El impacto de este caso en la opinión pública tuvo sus consecuencias. La lucha por justicia de la mamá de Micaela García, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia, sus amigas y amigos, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes.
El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499, la Ley Micaela, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Según datos de la agencia Télam, desde su sanción, ya adhirieron a la Ley Micaela todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aproximadamente 500 municipios de todo el país. Dado que la norma alcanza al universo del personal del Estado, ya sean funcionarios o empleados, cualquiera sea su nivel, jerarquía o tipo de contratación, no es sencillo tener un mapa completo sobre su cumplimiento efectivo.
Durante el 2020 y el 2021, en la provincia de Buenos Aires se capacitaron 4310 máximas autoridades de 44 ministerios y organismos, y recibieron el curso para formadoras y formadores 1136 personas de 135 municipios. En la cámara de Diputados de la Nación, 938 personas cumplieron con la Ley Micaela en 2021, y 84 en lo que va de 2022. En el caso del Senado, 969 trabajadores y trabajadoras aprobaron el curso hasta el momento.
Por su parte, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) informó que hasta diciembre de 2021 había capacitado a casi 47.000 integrantes de la Administración pública.
