Su declaración no quedó ahí. El periodista que lo entrevistaba, visiblemente impactado, repreguntó con incredulidad: “¿400 kilos de cocaína?”. La respuesta fue un silencioso pero contundente asentimiento de cabeza. Luego, el abogado completó la escena con una frase que hiela la sangre: “Por eso tanta saña”.
Estas palabras marcaron un antes y un después. La brutalidad del ataque contra las jóvenes, los golpes, las torturas y la ejecución final, encajan de lleno con un patrón típico de crímenes mafiosos utilizados como mensajes dentro de estructuras criminales. Según fuentes judiciales, las adolescentes habrían sido utilizadas como “chivos expiatorios” dentro de una trama interna de traiciones y robos de cargamentos.
Los investigadores manejan la hipótesis de que las víctimas no formaban parte directamente del mundo narco, pero habrían quedado atrapadas en medio de una disputa territorial y de poder entre bandas. El grado de violencia ejercido sobre sus cuerpos refuerza esa teoría: se trató de una acción disciplinaria destinada a sembrar terror dentro de la organización y sus alrededores.
Actualmente, nueve personas están detenidas en el marco de la causa. La investigación avanza con sigilo, pero los nombres ya han salido a la luz. Entre los arrestados se encuentran Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27). Todos ellos fueron trasladados al penal de Melchor Romero, donde permanecen a disposición de la Justicia.
A este grupo se suman dos figuras clave: Víctor Sotacuro Lázaro, quien al momento de su captura presentaba heridas visibles en sus manos, y Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, señalado como presunto jefe narco y autor intelectual del triple crimen. “Pequeño J” se habría consolidado en los últimos años como una figura ascendente dentro del narcotráfico local, extendiendo su red en zonas estratégicas de Florencio Varela y Quilmes.
La participación de estos nombres, sumada a la revelación de Endi, llevó a los investigadores a profundizar en una línea de trabajo enfocada exclusivamente en estructuras narco organizadas. Ya no se trata de un caso policial común, sino de una causa que podría exponer ramificaciones profundas dentro de redes criminales que operan en el sur del Gran Buenos Aires.
Fuentes cercanas a la fiscalía indicaron que se están analizando comunicaciones telefónicas, movimientos financieros y seguimientos previos a la desaparición de las jóvenes. El dato de los 400 kilos de cocaína robados encendió todas las alarmas: se trata de una cantidad de droga que no circula sin la participación de organizaciones con peso específico.
La brutalidad del crimen —las chicas fueron golpeadas, torturadas y luego ejecutadas con precisión— refuerza la idea de que no se trató de un hecho improvisado, sino de un operativo planificado para enviar un mensaje interno. Según investigadores, el castigo fue ejemplificador y destinado a reinstaurar el control del territorio después de un golpe que puso en jaque la economía de la organización.
En ese contexto, las víctimas habrían sido vistas como parte del entorno de quienes perpetraron el robo o, en el peor de los casos, como chivos expiatorios para evitar represalias internas más costosas. De esta forma, el triple crimen se transformó en una señal mafiosa clara: nadie puede tocar un cargamento sin enfrentar consecuencias atroces.
La figura de “Pequeño J” aparece en el centro del escenario. De acuerdo con los investigadores, Tony Janzen Valverde Victoriano habría ordenado la ejecución como parte de una estrategia de reposicionamiento dentro de la organización. La hipótesis principal es que quiso demostrar que no toleraría robos ni traiciones, en un contexto de tensiones crecientes entre diferentes fracciones del grupo narco.
Los antecedentes de “Pequeño J” no son menores. Su nombre ya figuraba en varias investigaciones por tráfico de estupefacientes, y su ascenso en el mundo del narcotráfico estuvo vinculado a alianzas estratégicas con estructuras internacionales. La posibilidad de que los 400 kilos robados formaran parte de un envío mayor, con destino a otros mercados, refuerza la gravedad del caso.
Mientras tanto, la comunidad de Florencio Varela continúa conmocionada por el crimen. Las tres jóvenes eran conocidas en su entorno, tenían vidas cotidianas atravesadas por la realidad de sus barrios, y ninguna de ellas presentaba antecedentes penales. Su muerte violenta generó marchas, homenajes y un reclamo social para que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias.
La investigación judicial enfrenta ahora un reto doble: desentrañar la trama narco detrás del triple crimen y garantizar que no quede impune. En paralelo, surgieron versiones que apuntan a posibles conexiones de algunos detenidos con integrantes de fuerzas de seguridad, aunque por el momento no hay imputaciones concretas en esa dirección.
Guillermo Endi, con sus declaraciones, rompió el cerco de silencio que rodeaba el móvil y puso en la mira a estructuras más pesadas. Aunque sus palabras deberán ser respaldadas por pruebas en el expediente, el giro discursivo ya impactó de lleno en la opinión pública y en la estrategia judicial.
Fuentes de la defensa aseguraron que en los próximos días Endi aportará documentación y testimonios que podrían ratificar la existencia del robo de la cocaína y su conexión directa con la ejecución de Brenda, Morena y Lara. Mientras tanto, la fiscalía mantiene un perfil bajo y trabaja sobre medidas de prueba que, según trascendió, incluirían peritajes forenses complementarios y nuevas declaraciones de testigos bajo identidad reservada.
En este clima de tensión, el caso se convirtió en una de las investigaciones criminales más delicadas de los últimos años en el Conurbano bonaerense. No solo por la brutalidad del hecho, sino por las puertas que abre hacia una posible red de narcotráfico transnacional con ramificaciones locales.
La revelación sobre los 400 kilos de cocaína no solo marca un hito en la causa, sino que instala un escenario donde la justicia argentina deberá enfrentarse a estructuras delictivas de gran envergadura. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen reclamando justicia, en medio de un dolor que no encuentra consuelo.