El avance de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela sigue arrojando datos estremecedores que permiten reconstruir el horror vivido por Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.
El avance de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela sigue arrojando datos estremecedores que permiten reconstruir el horror vivido por Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez. En las últimas horas, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aportó un detalle inquietante que abre un nuevo frente en la causa: la posible existencia de videos que habrían registrado los momentos más cruentos del asesinato de las tres jóvenes.
La revelación no pasó desapercibida y generó conmoción, ya que implica la circulación de un material audiovisual que habría sido visto por personas cercanas a los detenidos. Alonso aseguró que “sabemos que personas cercanas a ‘Pequeño J’ y Matías Ozorio vieron el video”, en referencia a dos de los principales acusados del caso. La información se obtuvo de los testimonios brindados por algunos de los detenidos, aunque aún no está del todo claro quién filmó ni con qué intención.
En declaraciones televisivas, el funcionario bonaerense sostuvo: “No sabemos quién filmó, pero hay por lo menos entre dos y cuatro personas que nos dicen haber visto el video”, confirmando así que los investigadores trabajan sobre un elemento que podría volverse determinante. El fiscal de la causa, Adrián Arribas, también se pronunció al respecto y explicó que la existencia del material forma parte de “una línea de investigación” que busca ser confirmada a través de peritajes tecnológicos y el análisis de teléfonos celulares.
La apertura de los dispositivos móviles incautados a los detenidos se realizará este viernes y podría ser clave para corroborar no solo la circulación del video, sino también para reconstruir con precisión la logística previa y posterior al brutal ataque. “Es importante porque vamos a sacar información de las personas que están detenidas”, subrayó el fiscal en diálogo con la prensa.
Según relató Alonso, las sospechas apuntan a que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, no solo fue el autor intelectual de los crímenes, sino que incluso habría dado indicaciones mientras se registraba la grabación. “Daba órdenes y se encontraba del otro lado de la filmación”, indicó en declaraciones a La Nación+. Para el ministro, la credibilidad de los testimonios recogidos es indiscutible: “Todos estos relatos no están inventados, es lo que ellos dijeron. El video existe”.
La investigación avanza también sobre otros ejes. Uno de ellos es la camioneta Chevrolet Tracker blanca utilizada para trasladar a las víctimas desde La Matanza hasta la casa de Florencio Varela, donde finalmente fueron asesinadas. Las autoridades aún buscan a dos hombres vinculados a ese vehículo, que hasta el momento permanecen prófugos.
Otro punto que refuerza la hipótesis del plan premeditado es la aparición de un segundo vehículo, un Volkswagen Fox blanco, que habría tenido un rol logístico clave. Según reconstruyó Alonso, este auto fue conducido por Víctor Lázaro Sotacuro y trasladó también a su sobrina, Florencia Ibáñez, hasta la Villa 21-24, donde se habrían descartado algunos de los celulares de las víctimas. La ruta de los dispositivos móviles se convirtió en una de las pistas más firmes para seguir los movimientos posteriores al crimen.
Con la reciente detención de “Pequeño J” y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, la causa acumula ya nueve arrestados, aunque la Justicia mantiene activa la búsqueda de otros involucrados que aún no fueron localizados. Los nombres de los detenidos muestran la amplitud de la red que participó, directa o indirectamente, en los crímenes.
Entre ellos, figura Ariel Giménez, señalado como la persona que cavó el pozo donde fueron enterrados los cuerpos. El papel de Víctor Lázaro Sotacuro también aparece como decisivo, ya que habría brindado apoyo logístico en el traslado de las víctimas. Su sobrina, Florencia Ibáñez, fue captada por las cámaras de seguridad siguiendo a la camioneta, lo que la ubica en un rol de complicidad activa.
En paralelo, los investigadores apuntan contra Miguel Villanueva Silva y Celeste González Guerrero, dueños de la vivienda donde aparecieron los cuerpos. Villanueva tiene registrado su último domicilio en el asentamiento La Esperanza, el mismo barrio de origen de “Pequeño J”, lo que refuerza el lazo comunitario y familiar que une a varios de los acusados. González Guerrero, por su parte, intentó presentarse como arrepentida, aunque en su declaración evitó brindar nombres concretos, lo que alimenta las sospechas de encubrimiento.
Otros dos detenidos completan el cuadro: Andrés Parra y Daniela Ibarra. El primero fue sorprendido mientras limpiaba manchas de sangre con lavandina en la escena del crimen, en un intento de borrar pruebas. La segunda estaba junto a él y también enfrenta cargos por encubrimiento.
La magnitud de los hallazgos judiciales y policiales confirma que el triple femicidio de Varela no fue un hecho aislado, sino parte de una trama delictiva mucho más amplia, vinculada a disputas por drogas y poder territorial. Los especialistas consultados coinciden en que el caso exhibe características propias de los crímenes mafiosos, con un modus operandi calculado, un traslado planificado de las víctimas y un posterior intento de encubrimiento con múltiples actores involucrados.
El dato de la posible existencia del video agrega un componente atroz a la investigación. De comprobarse su autenticidad, no solo serviría como prueba irrefutable en la causa, sino que también revelaría el grado de frialdad y perversión con el que actuaron los responsables. Para los investigadores, esa grabación habría tenido un doble propósito: documentar el poder del clan criminal y, al mismo tiempo, utilizarse como herramienta de intimidación contra rivales o eventuales traidores.
La circulación de ese tipo de material, aunque aún no confirmado oficialmente, no resulta extraña en el mundo narco. Según fuentes judiciales, suele emplearse como un mensaje mafioso destinado a sembrar terror. En este caso, lo más perturbador es que varias personas ya reconocieron haberlo visto y, por lo tanto, podría encontrarse almacenado en dispositivos aún no peritados o incluso haberse difundido en circuitos clandestinos.
La Justicia mantiene en reserva gran parte de las medidas de investigación para no entorpecer la causa, pero el fiscal Arribas dejó en claro que la prioridad inmediata es el análisis de los teléfonos celulares, cuyo contenido podría cambiar el rumbo del expediente. La expectativa es alta, ya que los dispositivos podrían contener mensajes, audios, coordenadas de geolocalización y, eventualmente, fragmentos del video cuya existencia los investigadores ya dan por probada.
Mientras tanto, las familias de Brenda, Morena y Lara exigen justicia y acompañan de cerca cada avance judicial. El caso se convirtió en uno de los más escalofriantes de los últimos años en la provincia de Buenos Aires, no solo por la brutalidad de los hechos, sino también por el entramado de complicidades que quedaron al descubierto.
El triple femicidio de Florencio Varela, que comenzó como un hecho violento con móviles narcos, terminó revelando una red criminal con ramificaciones en la Argentina y en Perú, liderada por “Pequeño J” y su círculo cercano. Hoy, con nueve detenidos y la investigación enfocada en pruebas tecnológicas, la Justicia se prepara para una etapa crucial: confirmar la existencia del video y sumar nuevas detenciones que podrían esclarecer por completo cómo se planificó y ejecutó uno de los crímenes más brutales de la historia reciente.
La incógnita que sobrevuela la investigación es si ese video saldrá finalmente a la luz en el proceso judicial. De ser así, no solo representaría un antes y un después en la causa, sino también un documento de horror que exhibiría, sin filtros, la violencia extrema con la que actuó la organización criminal.
