La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, que conmocionó al país entero, dio un giro determinante en las últimas horas. El abogado de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los detenidos más comprometidos en la causa, aseguró que las jóvenes Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas como represalia por el robo de casi 400 kilos de droga.
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, que conmocionó al país entero, dio un giro determinante en las últimas horas. El abogado de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los detenidos más comprometidos en la causa, aseguró que las jóvenes Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas como represalia por el robo de casi 400 kilos de droga.
Esta revelación no solo confirma la hipótesis que manejaban los investigadores desde hace días, sino que también expone el trasfondo narco que rodeó la brutal ejecución de las tres víctimas.
“El móvil fue el robo de casi 400 kilos de droga”, explicó el letrado de Sotacuro ante la prensa. Esa declaración instaló un nuevo escenario en la causa: el crimen no habría sido producto de un ajuste menor ni de una discusión ocasional, sino de un mensaje mafioso en el marco de una feroz disputa territorial.
Los investigadores creen que las chicas fueron tomadas como blanco de venganza, víctimas de una violencia irracional utilizada para marcar poder dentro de la estructura narco. El grado de brutalidad con el que fueron atacadas —golpes, torturas y finalmente la ejecución— refuerza esa hipótesis.
La investigación también sumó en los últimos días un elemento doloroso y revelador: la última foto publicada por Morena Verdi, minutos antes de ser asesinada junto a sus amigas.
La imagen, difundida por un canal de noticias, se convirtió en prueba clave para la Justicia. Morena la compartió en redes sociales alrededor de las 23:00 horas del viernes 19 de septiembre. Fue tomada desde el interior de una Chevrolet Tracker blanca, el mismo vehículo en el que se trasladaban las tres adolescentes antes de ser interceptadas por la banda.
En la foto se distinguen dos llaveros colgando del espejo retrovisor: uno con la figura de “Baby Yoda”, que pertenecía a Morena, y otro con el personaje de “Luigi” de Mario Bros, propiedad de Lara. Este detalle aparentemente mínimo fue considerado determinante por los peritos, ya que permitió ubicar a las víctimas dentro del vehículo y reforzar el análisis de cámaras de seguridad.
Para las familias, esa publicación representa el último recuerdo con vida de las chicas. “Es la foto que más duele, porque no sabían lo que les esperaba. Pero también es la que nos da fuerzas para exigir justicia”, señaló un allegado.
Hasta el momento, la Justicia ordenó la detención de nueve personas. Entre ellas se encuentran Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), todos trasladados al penal de Melchor Romero.
En paralelo, el arresto de Víctor Sotacuro Lázaro, atrapado en la ciudad fronteriza de Villazón, en el norte del país, fue uno de los golpes más importantes. Sotacuro presentaba heridas en sus manos, lo que lo comprometió aún más con el crimen.
Otro implicado es Ariel Giménez, señalado como la persona que habría cavado la fosa donde finalmente fueron enterradas las jóvenes en un intento de ocultar las evidencias.
Asimismo, se detuvo a Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, acusada de haber estado dentro del vehículo durante aquella fatídica noche. Su testimonio es considerado clave para reconstruir la mecánica del crimen.
El caso alcanzó un punto crucial con la captura de Jonathan Rodríguez, alias “Pequeño J”, presunto jefe narco y autor intelectual del triple femicidio. Rodríguez fue detenido en Pucusana, Perú, en un operativo coordinado entre fuerzas argentinas, peruanas e Interpol, que ya había emitido una alerta roja en su contra.
Horas antes, en Lima, había sido arrestado Matías Agustín Ozorio, considerado uno de sus principales colaboradores. Con estas dos detenciones, los investigadores creen haber desarticulado el núcleo de la organización que ordenó el brutal crimen.
“Pequeño J” se había movido entre distintos países para eludir a la Justicia, gracias a una red de colaboradores que le garantizaba protección y logística. Su caída representa, para los fiscales, un avance determinante hacia el esclarecimiento de la causa.
El triple crimen reveló el funcionamiento de una red narco despiadada que operaba en la zona sur del conurbano bonaerense. Según la hipótesis de la fiscalía, las chicas fueron atacadas como parte de una represalia ordenada por “Pequeño J” en el marco de un conflicto por el control territorial.
La tortura previa a los asesinatos fue interpretada por los investigadores como un mensaje mafioso dirigido a rivales y colaboradores, demostrando hasta dónde podía llegar la violencia de la banda.
Lo que más conmueve a la sociedad es la edad de las víctimas: dos jóvenes de 20 años y una adolescente de apenas 15. La brutalidad del ataque generó una ola de indignación y multiplicó los reclamos de justicia en todo el país.
Los familiares de las víctimas se concentran diariamente frente a los tribunales de Florencio Varela. Con fotos en mano y velas encendidas, reclaman que no haya impunidad.
“No podemos aceptar que todo se reduzca a una interna narco. Ellas eran chicas de bien, con sueños, con vida por delante. Necesitamos que los responsables paguen con cadena perpetua”, expresó entre lágrimas la madre de Brenda.
El caso también despertó una fuerte movilización social. Organizaciones feministas, de derechos humanos y el colectivo Ni Una Menos convocaron a marchas en distintas ciudades para exigir que se haga justicia y se desmantele la red narco que operaba en la región.
Con las nueve detenciones, incluida la de “Pequeño J”, la causa se perfila hacia un juicio histórico. Los fiscales analizan solicitar la prisión preventiva para todos los imputados bajo la figura de triple homicidio agravado por ensañamiento y violencia de género, delitos que contemplan la pena de prisión perpetua.
Mientras tanto, la Justicia continúa peritando celulares, cámaras de seguridad y recolectando testimonios. La última foto de Morena sigue siendo una de las pruebas más fuertes: marca la línea temporal entre la vida y la desaparición y refuta versiones de algunos acusados que aseguraban no haber estado presentes en el vehículo.
Lo que para Morena fue un gesto cotidiano —subir una foto a sus redes sociales— terminó transformándose en un símbolo de memoria y reclamo de justicia.
La foto no solo ubicó a las jóvenes dentro de la camioneta, sino que se transformó en un recordatorio permanente de lo que ocurrió esa noche. Para los investigadores, es una pieza que ayuda a unir cada punto de la reconstrucción. Para las familias, es la última mirada viva de las chicas. Para la sociedad, se convirtió en un emblema del dolor y la exigencia de justicia.
