Un grupo de treinta mujeres, una de ellas menor de edad, fueron rescatadas de una red de trata de personas con fines de explotación sexutal. En un operativo de la Policía Federal sobre una banda que realizaba fiestas clandestinas en horarios nocturnos en distintos locales, y con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, en los allanamientos se detuvieron a siete hombres.
Los apresados, serían los encargados de estas actividades ilegales y que conformaban la denominada "Banda del Karaoke", que organizaban esos encuentros.
Los allanamientos fueron solicitados por la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, Alejandra Mangano, en el marco de la investigación y avalados por la jueza federal María Romilda Servini.
Le atribuyen el manejo de dos "karaokes", a ciudadano coreano, además de la actividad de explotación sexual de mujeres de diferentes nacionalidades (como venezolanas y brasileras) y el lavado de activos.
"El ahora cabecilla detenido, resultó ser dueño de un comercio de venta de bebidas alcohólicas en el Bajo Flores y dos "karaokes", donde un sobrino se encargaba de llevar mujeres, las que prestaban servicios de "acompañantes coperas", para luego retirarse a lugares íntimos, para mantener relaciones sexuales. Allí, se comprobó la concurrencia de una menor de 17 años, subordinada a una encargada, lo que generó la toma de medidas urgentes", indicaron los investigadores del caso.
Del operativo también participaron funcionarios de distintos entes gubernamentales, tales como el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP (Protección de trabajo y Habilitaciones y permisos), Consejo de la niñez y Adolescencia, y de la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad.
Se comprobó que había indicios del delito de explotación sexual, falta total de higiene y seguridad, y otras irregularidades comprobadas que motivaron la clausura de todos los comercios.
Además, se ordenó la detención e incomunicación de los responsables de cada inmueble, trasladándolos al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y quedando a disposición de la Justicia Federal.