La defensa del procesado por el triple crimen narco pidió que sea retirado de la cárcel de Marcos Paz y apeló el embargo de más de mil millones de pesos en su contra.
"Pequeño J" denunció aislamiento extremo y pidió quedar en libertad. (Foto: archivo)
La investigación por el brutal triple crimen narco de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo judicial. Días después de haber sido procesado como presunto coautor de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, el detenido Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, presentó un hábeas corpus en el que denunció supuestas condiciones inhumanas de detención y reclamó su inmediata liberación.
El acusado permanece alojado bajo un régimen de máxima seguridad en el penal federal de Marcos Paz. La semana pasada, el juez federal Jorge Rodríguez lo procesó por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género reiterada en tres hechos, una acusación que contempla la posibilidad de una condena a prisión perpetua.
Ahora, su abogado defensor, Lucas Contreras, apeló el procesamiento y cuestionó las condiciones en las que se encuentra detenido. En un escrito de 44 páginas, sostuvo que su cliente es víctima de un régimen de aislamiento extremo que vulnera sus derechos constitucionales.
Según planteó la defensa ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, “Pequeño J” permanece encerrado en una celda individual durante 23 horas al día, bajo las condiciones establecidas por la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad.
El abogado solicitó que esa normativa sea declarada inconstitucional y afirmó que su defendido sufre “torturas psicológicas” derivadas del aislamiento prolongado.
Además, cuestionó las limitaciones para mantener contacto con familiares y pidió que se le autoricen al menos dos videollamadas semanales con su madre y su hermana, quienes viven en Perú. “Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable”, argumentó Contreras en la presentación judicial.
La defensa también sostuvo que no existen antecedentes disciplinarios que justifiquen el nivel de restricción impuesto al acusado. “Mi defendido ha permanecido aislado del resto de la población carcelaria, relegado al confinamiento en soledad en una celda, sin la presencia ni el acompañamiento de ninguna persona”, afirmó el letrado.
En el mismo escrito, Contreras solicitó que se ordene la inmediata libertad de Valverde Victoriano al considerar que se encuentra detenido “en condiciones de ilegalidad”. Como alternativa, pidió que sea trasladado a un régimen de encierro menos restrictivo.
La apelación también cuestiona la solidez de la acusación. Según la defensa, la investigación todavía no logró reunir pruebas suficientes que ubiquen de manera concluyente al acusado en la escena de los asesinatos. “La propia parte acusadora admite el carácter provisional e impreciso de la imputación”, sostuvo el abogado.
En ese sentido, agregó que “no existe a la fecha ningún elemento probatorio objetivo, independiente y verificable que ubique de manera cierta a mi defendido en el lugar de los hechos”.
El expediente investiga el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el 19 de septiembre de 2025 en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela.
Los investigadores consideran que el caso podría estar vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico y otras redes criminales. De hecho, la causa, actualmente bajo la órbita del secretario Ignacio Calvi, amplió sus hipótesis hacia posibles delitos asociados al tráfico de drogas y la explotación sexual.