Enrique Mathov se entregó el jueves y el lunes lo hace Rubén Santos ¿Cuánto se mantiene en la memoria sobre los homicidios durante esas jornadas violentas?
Por primera vez en Argentina quedó firme una condena a la responsabilidad penal de funcionarios políticos que dieron órdenes de reprimir durante una manifestación en democracia. La decisión de la Corte Suprema de la Nación llegó 23 años después de las jornadas violentas del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde murieron 5 personas y hubo casi 120 heridos.
Por este fallo, el jueves se entregó a la justicia el ex secretario de seguridad Enrique Mathov y fue alojado en el Penal de Ezeiza. En tanto, el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, se presentará ante el tribunal para que se proceda a su detención el próximo lunes.
Enrique Mathov debe completar una pena por homicidio culposo y lesiones de 4 años y tres meses de prisión más una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 8 años y seis meses. Como se le computan 6 meses y 25 días que ya estuvo detenido por esta misma causa, terminará de cumplir su condena el 22 de mayo de 2028.
Asimismo, su defensa solicitó al Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) que le otorgue el beneficio de arresto domiciliario basándose en que superó los 70 años y padece problemas de salud. Los jueces lo tuvieron presente, por lo que se inicia un complejo procedimiento para determinar si lo mandan a su casa o continúa preso.
En cumplimiento de la Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos (Ley 27.372), el tribunal notificará del pedido de Mathov a la querella para que pronuncie su opinión. Además será necesario un informe del Cuerpo Médico Forense para certificar su padecimiento.
Ruben Santos fue condenado por homicidio culposo y lesiones a 3 años y seis meses de prisión, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años. También llegó a estar detenido unos 5 meses, por lo que el plazo de su pena vencerá el 28 de septiembre de 2027.
El ex jefe de la Policía Federal no se encuentra en el país, autorizado por el Tribunal a viajar con destino a España. Ya fue intimado por intermedio de su defensa a que regrese a la Argentina a fin de estar a derecho. Santos le hizo saber al TOF 6 que el lunes a primera hora se presentará en Comodoro Py para dar cumplimiento a su condena.
Hace cuatro meses la Corte Suprema ya había dejado firme la sentencia contra el ex subcomisario Carlos José López. En el mismo acuerdo, el Máximo Tribunal dispuso que “sigan los autos según su estado” en relación al resto de los condenados, excepto Mathov y Santos cuya situación se acaba de resolver.
Recordemos que los fallecidos el 19 y 20 de diciembre del 2001 en los alrededores de Plaza de Mayo fueron Gastón Riva, Carlos “Petete” Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Benedetto. En mayo del 2016 el Tribunal Oral 6 dio a conocer su fallo -en ese momento estaba integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Adrián Martín y Rodrigo Giménez Uriburu-. Luego la Cámara de Casación ratificó la sentencia en junio del 2020, con algunas correcciones. Esa línea de tiempo finalizó la semana pasada, cuando la Corte Suprema le otorgó firmeza a todo lo actuado.
Mientras toda la atención estaba en el quinto piso donde declaraba como testigo la mamá de Fabiola Yánez en la causa de violencia contra Alberto Fernández, el ex funcionario de De la Rúa, Enrique Mathov, se presentaba en el sexto piso de los Tribunales de Retiro, sin otra compañía que la de su abogado Jorge Valerga Araoz.
En silencio, estuvo parado frente a la mesa de entradas de TOF 6, con un aspecto prácticamente irreconocible, con más peso y sin barba, pantalón y remera negra, y un bolso cargado en los hombros. Lo invitaron a pasar para realizar el acto procesal de su detención.
Luego bajó por uno de los ascensores laterales de Comodoro Py, escoltado por efectivos de la Policía de la Ciudad, que fueron los encargados de completar el trámite para que el Servicio Penitenciario Federal lo reciba en el Complejo 7 de Ezeiza.
Según pudimos saber quedó alojado en un pabellón especial, relacionado con el tipo de delito por el cual está preso, su edad (cumplió 76 años en agosto) y su estado de salud. Allí deberá permanecer hasta que la justicia resuelva si le concede la prisión domiciliaria, o hasta el final de su condena.
Esta causa está relacionada con los hechos violentos del 19 y 20 de diciembre del 2001, antes de la salida del presidente Fernando De la Rúa. En todo el país se registraron 39 fallecidos y más de 500 heridos, no obstante en este expediente se analizó la represión en los alrededores de Plaza de Mayo.
El fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena de los responsables políticos pasó como un suceso más del lote judicial, en medio de otras noticias que toman protagonismo. En la memoria colectiva esos días de crisis y violencia permanecen imborrables, quizás traspapelados entre nuevas crisis, pero siempre presentes.
Con más de dos décadas de demora se ejecuta una sentencia que algunos hubieran querido presenciar, pero murieron antes; y otros necesitan que les expliquen de qué se trata y quiénes son los personajes de la historia, pues ni siquiera habían nacido. Circunstancias que podrían habilitar una pregunta subyacente: ¿justicia lenta es justicia?
Como sea, en este caso quedó probado que Enrique Mathov y Rubén Santos infringieron sus deberes y crearon un riesgo que se concretó en homicidios y lesiones al excederse en sus órdenes.
En los fundamentos los jueces advirtieron que desde el día 19 de diciembre el ex Presidente de la Nación, Fernando De La Rua, declaró el estado de sitio ante las protestas contra el corralito, y desde el gobierno se instruyó a los jefes de las fuerzas de seguridad federales sobre la metodología a adoptar para realizar detenciones.
Consideraron que Mathov, como secretario de Seguridad Interior, dio directivas concretas y puntuales a la Policía Federal para contener la protesta social, desatendiendo las sucesivas alarmas sobre los resultados lesivos de la ejecución de su mandato.
Sobre el ex jefe de la Policía Federal, Ruben Santos, observaron que materializó el operativo ordenado directamente por Mathov, incumpliendo las normativas vigentes.
Por ejemplo: el 20 de diciembre dispuso desalojar la Plaza de Mayo y realizar detenciones respecto de un reducido número de personas que se encontraban allí sin provocar ningún desmán, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo, con el único objetivo de acatar el requerimiento del gobierno de mantener la plaza vacía y, sobre todo, evitar la concentración de manifestantes.
Con relación al resto, algunos integrantes de la fuerza de seguridad fueron condenados por incumplir sus deberes al no arbitrar los medios necesarios para minimizar el riesgo que implican las órdenes recibidas por Mathov y Santos.
Otro grupo fue condenado por homicidio y lesiones en agresión, agravados por el empleo de armas de fuego. Las pruebas determinaron que se movieron en tres vehículos, con los que llegaron hasta Cerrito y 9 de julio, de los que descendieron efectuando disparos con tres escopetas cargadas con munición de guerra calibre 12.70. La consecuencia fue la muerte de Alberto Manuel Márquez, las lesiones graves de Martín Esteban Galli y de Paula Simonetti.
Además, los enfrentamientos entre policías y manifestantes se intensificaron durante la jornada del 20 de diciembre, y se comprobó que varios efectivos policiales utilizaron munición de plomo que terminaron con la vida de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón en Avda. de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
Para los jueces actuantes, los hechos quedaron verificados por medio de las declaraciones de funcionarios policiales y manifestantes, transcripciones de modulaciones policiales, listados de llamadas entrantes y salientes, filmaciones y fotografías.
