Adorni habló en conferencia sobre el paro convocado por la CGT, y minimizó la protesta (Foto: archivo)
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este jueves que el acatamiento al paro convocado ayer por la CGT y otras centrales sindicales "ha sido muy bajo" y que representó "sólo al 0,19% de los trabajadores", por lo que, dijo, "prácticamente fue un día normal".
En su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, Adorni consideró que la medida de fuerza fue impulsada por "una minoría que no logra metabolizar el resultado de la elección" presidencial de 2023. Además, opinó que la CGT es una "casta sindical en retirada" que "no quiere perder privilegios" y cuestionó al gremialista Pablo Moyano por decir que iba "a tirar al Riachuelo" al ministro de Economía, Luis Caputo.
"El paro tuvo un acatamiento de 40 mil personas, que son las que vimos en la calle", aseguró el portavoz del presidente Javier Milei y sumó: "Para nosotros transcurrió un día normal, la movilización duró tres horas y el transporte funcionó con normalidad hasta aproximadamente las 19".
"Distintos informes de diferentes asociaciones así lo indican; destacamos el funcionamiento del Protocolo (de Orden Público), los mecanismos de denuncia que hemos implementado y agradecemos a los millones de argentinos que confían en nosotros y no adhirieron a este paro", añadió.
"Una minoría no logra metabolizar el resultado de la elección; estas cuestiones son espasmos de una casta sindical que está en retirada", dijo y consideró que se trató de un paro "de alto carácter político".
Sobre los dichos de Pablo Moyano, quien aseguró que "si (el ministro de Economía Luis ‘Toto’) Caputo lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo”, dijo que "andar proponiendo revolear ministros al río y demonizar empresarios" es parte de una minoría "que no quiere perder sus privilegios".
Adorni adelantó en su conferencia, además, que “el ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona) va a sugerir en lo inmediato al procurador Eduardo Casal la creación de una fiscalía especializada que se ocupe de investigar la corrupción de funcionarios públicos, especialmente a los que contempla la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”.
