El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, se declaró incompetente para investigar, señalando que los hechos denunciados no constituyen un delito federal y que deben ser tratados por la justicia porteña. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 coincidió con esta postura y también declinó su competencia.
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Ante esta controversia, el caso fue elevado a la Corte Suprema, que se pronunció con un fallo firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En su voto conjunto, Rosatti y Lorenzetti determinaron que la causa debe continuar en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4, al cual se remitirán las actuaciones, notificando al Juzgado Federal Nº 9 sobre esta decisión.
El ministro Rosenkrantz acompañó el fallo, explicando que “no surge de las constancias que los hechos hayan ocurrido mientras el querellante desempeñaba una función nacional ni se advierte ninguna circunstancia que justifique la jurisdicción federal”.
La denuncia, presentada inicialmente en Comodoro Py, también incluía un pedido para restringir la viralización de los videos en los que Fernández aparece con Pettinato. El exmandatario aclaró que la relación con Pettinato se limitó a un almuerzo tras una entrevista, y denunció que la violencia digital y mediática contra ella se enmarca en el mismo contexto de violencia de género que lo involucra con Yañez.
Esta denuncia activó la intervención del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González, quienes ordenaron una pericia del teléfono de Fernández. El análisis reveló 8474 páginas de mensajes intercambiados entre el ex presidente y la denunciante desde 2017 hasta agosto de 2024.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia, al definir qué tribunal debe avanzar con la investigación, apunta a ordenar el proceso y evitar la dispersión de competencias, una situación que había generado demoras y confusión en el curso de la causa.