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POLÍTICA

Sin descuidar lo sanitario, Alberto pone en marcha su agenda política (y judicial)

Sin descuidar lo sanitario, Alberto pone en marcha su agenda política (y judicial)
Alberto Fernández recorrió la sala de aislamiento para pacientes de coronavirus del hospital de Formosa (Foto: Presidencia).

Mientras el Gobierno hace el conteo de la suba de contagios de coronavirus, el presidente Alberto Fernández comenzó a trabajar en su verdadera agenda política, que había abandonado por la pandemia. En estos días, el Senado acelerará el proceso para designar al juez federal Daniel Rafecas al frente de la Procuración General de la Nación y el miércoles próximo podría quitarle el control de las escuchas telefónicas judiciales a la Corte Suprema para devolvérselas al Ministerio Público.

La agenda real de Alberto y Cristina Kirchner pasa por una revolución institucional. Se compone de varios mojones, además de derivarle las escuchas legales en el futuro a Rafecas, de confianza de Alberto y Cristina.

Según pudo saber A24.com, el Poder Ejecutivo enviará la reforma judicial dentro de una o dos semanas al Congreso. Será una ley para diluir el poder del Fuero Federal Penal de Cómodoro Py. No termina allí.

Esta agenda está dirigida por Cristina Kirchner por la necesidad de descomprimir su situación judicial. Entiende que este es el momento de apretar el acelerador porque el Gobierno conserva capital político por la pandemia y postergarla para el año próximo la dificultaría por el condimento electoral.

Si bien los allegados al Presidente y a la vicepresidenta Cristina Kirchner niegan un interés en aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, de cinco a nueve, el Frente de Todos deja trascender el interés en reformarla mediante una comisión de expertos. “Todavía no hay nada en el Congreso”, dijo a A24.com una fuente confiable.

Además, el Gobierno difundió ayer que el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, recibió a la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, para enviar al Congreso un proyecto de reforma de la ley nacional de inteligencia, la 25.520. Fue después de que Caamaño denunciara ante la justicia federal un sistema de intervenciones ilegales de casillas de correo durante el gobierno de Mauricio Macri e imputara a sus antecesores Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El Poder Judicial, la inteligencia y las escuchas forman parte de un combo. El organismo de escuchas legales actualmente depende de la Corte Suprema gracias al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2016 de Mauricio Macri. Se trata de la Dirección de Asistencia Judicial en Crimen Organizado y Delitos Complejos (Dajudeco), que instrumenta las intervenciones telefónicas que los jueces requieren en el marco de una causa judicial. En aquel momento el macrismo se lo sacó a la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, porque era krichnerista. Luego renunció Gils Carbó y asumió el procurador interino Eduardo Casal, intachable e independiente.

En el regreso del kirchnerismo, Alberto Fernández quiere arrebatarle esa competencia a la Corte y devolvérsela al Ministerio Público. Sólo que ya no estaría Casal como jefe de los fiscales. Cristina Kirchner aceleró el proceso para reemplazarlo por Rafecas. La senadora ultra K Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos abrió y aceleró el proceso de audiencias e impugnaciones para que, luego de la pandemia, el recinto pueda aprobarlo lo antes posible. De ese modo, las escuchas quedarían en manos de un procurador confiable, Rafecas.

A su vez, éste buscará instrumentar la reforma procesal para darle más poder a los fiscales en la instrucción y en la acusación en causas judiciales. Empoderar a los fiscales y diluir el poder de los jueces. Rafecas fue compañero de cátedra de Alberto Fernández y del ex procurador Esteban Righi, tiene prestigio jurídico, pero es de confianza del kirchnerismo.

En esta semana, el bloque de senadores de Juntos por el Cambio se reunió de manera virtual y se juramentó que no le darán los dos tercios de los votos, la mayoría especial que requiere el Gobierno para imponer a Rafecas. Por ahora, el Frente de Todos tiene 41 votos seguros, pero necesita 48. Para ello, apuesta a quebrar a algunos senadores de Cambiemos y de otros bloques independientes. En el macrismo dejan trascender que ya comenzaron las presiones sobre los gobernadores de Juntos por el Cambio. El buen trato de Alberto hacia el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, buscaría, entre otras cosas, convencer a los senadores por la Ciudad. Pero Martín Lousteau ha dicho que no dará su voto y lo mismo Guadalupe Tagliaferri.

También trascendió que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de la UCR, tiene siempre mensajes indirectos acerca de la posibilidad de que el Gobierno le complique la gobernabilidad si interviene el Poder Judicial jujeño, con la amenaza latente de la liberación de Milagro Sala. Y el gobierno mendocino radical, encabezado por Rodolfo Suarez, recibió hace tres meses mensajes de operadores del kirchnerismo acerca de que el peronismo podría bloquear créditos del BID y de otros organismos si no se comprometían a apoyar a Rafecas.

La respuesta de Suarez fue que sus senadores votarían junto con el resto de la bancada de Cambiemos. Y el peronismo se opuso a esos créditos cuando se votó el presupuesto mendocino en la Legislatura provincial. Un detalle: esos créditos eran ansiados por intendentes del PJ para obras locales.

El peronismo jugará fuerte en favor imponer a Rafecas como procurador, pero hasta ahora Juntos por el Cambio está abroquelado. Será la madre de todas las batallas en el Senado en algunas semanas.

El macrismo y Rodríguez Larreta comienzan a diferenciarse de Alberto Fernández. En la semana, el jefe del gobierno porteño y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ofrecieron una conferencia conjunta por zoom para mostrar unidad. En ella, respaldaron las declaraciones de Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, que había dicho que la cuarentena tendrá que tener algún límite, que están en juego las libertades individuales, y que se podrían desatar autoritarismos si se abusa de esas limitaciones.

Algunos en el peronismo interpretaron que Lorenzetti envió un mensaje al kirchnerismo. No le gustó el modo en que Cristina Kirchner puso contra la pared a la Corte Suprema cuando le pidió una declaración de certeza para poder sesionar en cuarentena en forma virtual. Pero además Lorenzetti estaría respondiendo así a la intromisión permanente del Gobierno en el Poder Judicial con fuertes presiones mediáticas y con la idea de quitarle las escuchas judiciales y agregarle cuatro miembros.

Curiosamente, hoy Juntos por el Cambio parece más cerca de Lorenzetti pese a que Macri le había quitado la presidencia de la Corte. Otros factores están intercediendo. Existen también tensiones internas fuertes en el oficialismo. La renuncia del director del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco, aún no aceptada formalmente, puso en aprietos a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Es debido a la fuerte presión del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, sobre Blanco, que pretendía asumir como subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Pero Mena, hombre de Cristina Kirchner, tiene otros planes y otros candidatos.

Es la tercera intromisión seria en el Ministerio que dirige Losardo, la socia jurídica de Alberto Fernández. La primera había sido el pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que planteó la excarcelación finalmente denegada de Ricardo Jaime, condenado por una causa de corrupción. La segunda fue la decisión de la Oficina Anticorrupción, que dirige Felix Croux, de retirarse de la querella de las causas Los Sauces y Hotesur, que afectan a Cristina Kirchner y a sus hijos. Pietragalla y Croux no consultaron para actuar con Losardo y menos con el Presidente.

De ambas decisiones, Alberto Fernandez hizo trascender que se enteró por los diarios. Si el alelamiento de Blanco se confirma, será el tercer funcionario removido por presión del kirchnerismo duro: uno fue Alejandro Vanoli de la Anses y el otro Gonzalo Calvo del Ministerio de Desarrollo Social. “El malestar de Losardo por lo de Blanco comenzó con el episodio de la Oficina Anticorrupción”, dicen en el oficialismo.

En medio de aquel conflicto irrumpió la diputada Fernanda Vallejos, ultra kirchnerista, que propuso que el Estado se hiciera cargo de las acciones de las empresas que ayuda económicamente a pagar sus sueldos durante la pandemia. Respondía al malestar de Cristina Kirchner por las ayudas a Clarin y a Techint. Ayer el Presidente, que había hecho trascender su oposición a esa idea, lo dijo públicamente.

“Un país más justo no es perseguir a nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas”, dijo, durante un viaje a Formosa. Un mensaje para la propuesta de Vallejos. El Gobierno comenzò a conversar ayer con la CGT para conformar un Comité Postpandemia con empresarios para alcanzar consensos luego de la cuarentena.

En medio de esto, en la Casa Rosada aseguran que la cuarentena no se podrá sostener más allá de julio o agosto, pese a que el Presidente había dicho que “durará lo que tenga que durar”.

Para esa época avizoran la superación del pico más alto de los contagios. Sin embargo, no hay un plan económico previsto de salida para la cuarentena, más allá del posible acuerdo por la deuda, que podría aliviar la situación de la Argentina. En rigor, el Presidente cree en un rebote de la economía luego de una caída tan abrupta y en medidas sueltas que irán saliendo. Pero la agenda institucional, la que importa, ya está en marcha y dependerá de la solidez o no de la oposición para que tenga éxito.

por Mariano Obarrio
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