Pandemia

Alberto Fernández lleva al Congreso su guerra contra Rodríguez Larreta: ¿qué puede pasar con las clases presenciales?

El proyecto reclama que el Poder Legislativo convalide que el Poder Ejecutivo pueda suspender las clases presenciales en los distritos con alerta epidemiológica.
por Mariano Obarrio |
Alberto con Cristina en el Congreso

Alberto con Cristina en el Congreso

El gobierno de Alberto Fernández llevó al Congreso su guerra santa contra Horacio Rodríguez Larreta. El proyecto de ley de restricciones sanitarias para combatir la pandemia del Covid 19 sirve para que el Congreso convalide la facultad del Ejecutivo de suspender las clases presenciales en los distritos con alerta epidemiológica, léase la Ciudad de Buenos Aires que gobierna Juntos por el Cambio.

Por ahora los números para aprobar la ley no están asegurados. Más teniendo en cuenta que el Gobierno quiere que se sancione antes del 21 de mayo, es decir en 12 días. Es la fecha en que expira el DNU 287 y Alberto Fernández pretende que rija la nueva ley, que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre próximo.

Según pudo saber A24.com, además del rechazo contundente del bloque de diputados Juntos por el Cambio, expresado ayer, las bancadas de Consenso Federal, la izquierda y algunos opositores sueltos podrían poner objeciones. Alberto Fernández envió el proyecto al Senado, donde tiene mayoría propia, para presionar a los gobernadores y así actuar sobre los diputados.

“Esta es la nueva guerra contra la Ciudad. Pero no creemos que salga si no salieron los proyectos judiciales que avanzaban sobre las instituciones”, señalaban ayer a A24.com en bancadas opositoras.

El Gobierno se expone a un revés legislativo. El Frente de Todos tiene 117 diputados y necesita 12 más para llegar a 129, que es la mitad más uno de los votos en la Cámara baja.

De todos modos, sería un escándalo que una ley de facultades extraordinarias al Presidente sea sancionada por ese margen exiguo cuando el propio Alberto Fernández lo fundamentó en la “necesidad de consensos”. De allí que el Presidente quiere sacar la diferencia antes en el Senado para mostrar eso: “consensos”.

En la Cámara de Diputados, el debate tiene amplias posibilidades de empantanarse. La Casa Rosada coaccionará con todos los recursos posibles sobre las provincias. Pero no solamente se expone a otro posible fracaso parlamentario. Ya los padeció con los proyectos de expropiación de Vicentín, de reforma judicial o de ley de Ministerio Público. Está visto que el Congreso no viene acompañando al Presidente en sus aventuras institucionales.

Peor que eso, podría exponerse a un nuevo traspié judicial ante la Corte Suprema. El texto del proyecto de ley de restricciones sanitarias enviado al Senado es en muchos tramos un “cortar y pegar” de los DNUs 241 y 287. También reproduce textualmente el artículo que permite suspender las clases presenciales en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires si están en zona de “alarma epidemiológica y sanitaria”. Sólo le agrega que podrá morigerar la medida previa consulta con los gobernadores o con el jefe de gobierno porteño.

Precisamente, este punto fue invalidado por la Corte Suprema hace una semana: el máximo tribunal le reconoció a la Ciudad de Buenos Aires su plena autonomía y estableció que el DNU 241 era inconstitucional porque la Ciudad podía disponer sobre sus escuelas y continuar con las clases presenciales. La Corte, además, dijo que ese criterio regiría en el futuro, con lo cual vale el mismo criterio para el DNU 287 o para una ley idéntica.

Si la Corte declaró la autonomía de la Ciudad y dictaminó que el DNU era inconstitucional, también lo podría disponer para una ley. Todas las leyes pueden ser recurridas ante la Justicia por su posible inconstitucionalidad. Por otra parte, no sólo la Ciudad sostiene las clases presenciales. También las defienden Mendoza, gobernada por Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, Santa Fe y Córdoba, comandadas por peronistas como Omar Perotti y Juan Schiaretti; aunque esta última no está obligada por el DNU.

Por ejemplo, Perotti negoció con el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, que Rosario y San Lorenzo puedan salir de la zona de “alarma epidemiológica” y volver a las clases presenciales como el resto de la provincia. Córdoba no está en “alarma” pero su circulación de Covid es muy alta. ¿Se arriesgarán los diputados de esas provincias, que son muchos, a que el Presidente pueda resolver sobre sus actividades hasta el 31 de diciembre en virtud de la emergencia sanitaria? ¿Le darán el cheque en blanco de los superpoderes durante todo el año cuando las decisiones del Presidente por la pandemia son siempre impulsadas por el Instituto Patria, la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof?

El criterio del kirchnerismo duro sobre la pandemia es de cierre absoluto de las actividades y asistencia a los damnificados con emisión monetaria. En eso chocan con el Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, que buscan mantener la economía con cierta actividad porque no quieren liberar la emisión. Nadie puede estar seguro qué criterio se impondrá en el futuro.

Por todo ello, el proyecto de ley que Alberto Fernández envió al Senado promete convertirse en la próxima gran batalla del Gobierno. En los bloques opositores no todo está ordenado. Dentro de Consenso Federal, los diputados lavagnistas Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, por ejemplo, no están dispuestos a darle plenos poderes a Alberto Fernández. Los diputados cordobeses y los socialistas aún deben analizar el texto del proyecto, pero algunas voces deslizan que tienen objeciones.

“Es inviable la ley en sí misma porque una ley no puede estar por encima de la Constitución. Se plantea el mismo problema que con el decreto sobre el cual ya se pronunció la Corte. Ninguna ley puede estar por encima de las autonomías provinciales. Es juego para la tribuna. Buscan mostrar legitimidad a través del Congreso”, dicen cerca de los cordobeses.

Para el kirchnerismo, que controla a Alberto Fernández, la política es la continuidad de la guerra por otros medios. Por ello, llevó la pelea contra Rodríguez Larreta al nivel del Congreso. Pero antes buscó circunscribir nuevas batallas. Luego del fallo de la Corte que favoreció a los porteños, el Gobierno convocó a Rodríguez Larreta para el 18 de mayo a discutir los recursos de la policía porteña. La Casa Rosada no quería tener otro traspié en la Corte, que también debe definir sobre la quita de coparticipación de la Nación de 65.000 millones de pesos a la Ciudad, que es la denunciante, y el 21 celebrará una audiencia conciliatoria entre las dos partes.

Las primeras repercusiones sobre la nueva iniciativa del Gobierno no son alentadoras para Alberto Fernández.

El constitucionalista Félix Lonigro señaló a A24.com que “una ley no va a subsanar el vicio de inconstitucionalidad que tiene la medida en sí misma; el instrumento que se use no lo va a subsanar porque entre el gobierno nacional y provincial el fallo de la Corte dice que vale la norma local. Sea ley, DNU o decreto delegado va a correr la misma suerte en la Corte”.

Durante un Zoom por la mañana, la conducción de Juntos por el Cambio determinó su rechazo. “No debemos avalar bajo ningún punto de vista mayores poderes que avasallen las autonomías provinciales y de la Ciudad”, dijeron Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan López (Coalición Cívica).

La diputada Graciela Camaño fue también dura: “Lo que esté en el marco de delegaciones constitucionales, las veremos y podemos acompañar. Lo que no, bajo ningún punto de vista”, dijo a A24.com. “Ya le dijo la Corte que es inconstitucional, que la autonomía de la CABA era un principio constitucional, que tenía mal hecho el DNU. Si ellos van a pretender que le convalidemos el DNU, ese DNU no solamente esta impugnado porque es un DNU, sino más importante vinculado al conflicto jurisdiccional”, agregó.

Por otra parte, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, lavagnista también fue esquivo al proyecto. “Si van a pedir que el Congreso entregue facultades, no esperen acompañamiento. Deben convocarnos a trabajar juntos, no a que entreguemos facultades”, dijo el legislador que responde a Roberto Lavagna. “El Gobierno debería construir rápidamente un pacto federal por la Emergencia COVID. Si hay acuerdo con las provincias, el Congreso puede acompañar con más firmeza las medidas de emergencia”, agregó. El trámite del proyecto no será sencillo en el Congreso con tantas suspicacias en juego.