El presidente Alberto Fernández recibirá hoy a las 11 a los gobernadores peronistas
A su regreso de Brasil, el presidente Alberto Fernández se jugó una carta riesgosa: convocó para este martes a las 11 a la Casa Rosada a los 14 gobernadores del peronismo, porque pretende medir su capacidad de liderar su embestida contra la Corte Suprema para impulsar el juicio político contra su presidente, Horacio Rosatti, y contra los restantes miembros Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Según pudo saber A24.com, una concurrencia limitada podría profundizar su debilidad política si no sale como espera. Además, no tiene en el Congreso el número necesario –dos tercios de los votos- para que prospere el plan. Antes que eso, a las 10, Alberto Fernández recibirá al empresario Antonio Aracre en su despacho de Casa Rosada. Posiblemente de allí salga un nombramiento del saliente CEO de Syngenta en el Gobierno.
Aquellos 14 mandatarios del Frente de Todos lo apoyaron hace dos semanas con la firma de un comunicado en el cual Alberto Fernández anunció el desacato a la Corte Suprema que ordenó aumentar de 1,4% a 2,95% la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Son unos 150 mil millones de pesos y dijo que el fallo era de imposible cumplimiento.
Sin embargo, los gobernadores luego fueron desairados cuando el Presidente retrocedió y ordenó pagar el fallo con bonos TX31 por pedido del ministro de Economía, Sergio Massa. El ministro temió un fuerte rechazo de los Estados Unidos que influiría en el FMI y un clima de inestabilidad jurídica y económica.
En un acto en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo la semana última que el Gobierno es "la agrupación amague y recule permanente", al ironizar sobre sus marchas y contramarchas. El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, tomó distancia de la convocatoria y sus allegados dijeron que "es del Presidente no del ministerio".
Según pudo saber A24.com, en esta iniciativa Alberto Fernández tiene apoyo objetivo de Cristina Kirchner, pero la vicepresidenta desconfía de cuánto podrá sostenerla el Presidente. Por lo pronto, dos gobernadores kirchneristas, como Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Jorge Capitanich, de Chaco, asistirán mañana.
Ella lidera la embestida contra los jueces supremos que tarde o temprano tendrán que revisar las causas judiciales en las que ella está acusada de corrupción, como Vialidad, Hotesur, Los Sauces y la causa Cuadernos.
Sin embargo, podría haber hoy en el Salón Eva Perón notorios faltazos. Los gobernadores del PJ saben de antemano que es una batalla perdida: el Frente de Todos no tiene los dos tercios de los votos para impulsar el juicio en la Cámara de Diputados y una remoción en el Senado.
“Tienen número para hacer lío en la Comisión de Juicio Político, porque allí tienen quórum propio, 16 sobre 31 miembros. Pero en el recinto no tienen los dos tercios. Pero van a empezar una guerra espantosa”, dijo a A24.com la diputada Paula Oliveto, de Juntos por el Cambio, que integra esa Comisión.
El Presidente busca apoyo de los gobernadores del PJ para intentar fortalecerse políticamente. Esta pelea, habida cuenta los malos resultados de la economía, podría ayudarlo a posicionarse políticamente con una bandera institucional para retomar su aún no archivado proyecto de reelección en las elecciones presidenciales de octubre próximo.
Sin embargo, algunos gobernadores podrían evitar dar su apoyo en contra de la Corte ante una batalla perdida. Por ejemplo, se sabe que no irían los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, que está de vacaciones, y de Chubut, Mariano Arcioni, que responde a Sergio Massa, que tomó distancia de la embestida.
“No hay forma de tener el número. En la Comisión de Juicio político podrían sacar dictamen con 16 votos sobre 31, pero en una sesión el Frente de Todos no llega al 46% de los votos y necesita el 66%”, dijo el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal. Además del bloque de Juntos por el Cambio, se descuenta que el Frente de Todos no tendrá el apoyo de Consenso Federal ni de los diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti. Tampoco de Santa Fe, gobernada por Omar Perotti.
Schiaretti y Perotti no estuvieron hace dos semanas y tampoco irán hoy a poner su firma en el juicio político. Tampoco tendrá el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; Salta, Gustavo Sáenz; Río Negro, Arabela Carreras, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.
Estos cuatro mandatarios no participarán de la cumbre que el Presidente convocó para este martes a las 11 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. “Fuimos 14 provincias la vez pasada, todas firmamos en su momento eso de avanzar en juicio político, así que no sé, deberían estar todas”, dijo a A24.com un gobernador del Norte.
De aquellos firmantes de hace dos semanas, podrían participar este martes los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
Uno de los dirigentes que mejor conoce al peronismo aseguró a A24.com que más allá de las presiones de Cristina Krichner sobre el Presidente para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, en este caso es el Presidente el que buscaría así un posicionamiento político.
“El hombre no archivó su ambición de ser precandidato por el Frente de Todos en unas PASO en agosto próximo. Si el lidera la postura en contra de la Corte Suprema y se radicaliza podría tener el voto más extremo”, señalan en el oficialismo. Ese posicionamiento hoy le corresponde a Cristina Kirchner, que lídera las encuestas de intención de voto dentro del Frente de Todos. Pero ella misma ha anunciado que no se presentará para ser candidata en 2023 y entonces habrá un voto radicalizado en busca de un candidato.
Del otro lado, se posiciona Sergio Massa como posible candidato si le va bien como ministro de Economía. En ese contexto, al Presidente le servirá la foto rodeado de gobernadores del PJ en una causa por los recursos federales. Esa bandera, podría arrebatársela a Massa, que en este punto tomó distancia de la pelea con la Corte.
“Busca apoyo de gobernadores. Saca el debate de lo económico y lo lleva a los institucional y al debate por el federalismo”, señalaron fuentes del oficialismo a A24.com. Por eso, habrá que medir en la foto las presencias y las ausencias.
El juicio político a los ministros de la Corte requiere que la Cámara de Diputados impulse el juicio y acuse a los denunciados, con los dos tercios de los votos. Luego el Senado se constituye en la Cámara juzgadora y tiene que conseguir la misma mayoría agravada para remover a los jueces.
El Frente de Todos no pudo obtener siquiera mayoría simple para tratar proyectos de ley a fin de año, como las leyes de creación de universidades, la de renta inesperada, o la de blanqueo de capitales. Además, en tres años de gestión de Alberto Fernández el Congreso no pudo avanzar con la reforma judicial a la ley de Ministerio Público.
Por otra parte, no pudo obtener los dos tercios en el Senado para nombrar al nuevo Procurador General de la Nacion, ni aun cuando el Frente de Todos tenía el máximo del poder y aún no se notaban tantos las peleas internas entre el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Pero en el entorno de Alberto Fernández aseguran que ahora el juicio político debería prosperar porque existe una carta ganadora: la difusión de chateos obtenidos mediante espionaje ilegal que indicarían que Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, acomodaba fallos judiciales con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Entre ellos el fallo que benefició a la Ciudad y las resoluciones sobre el del Consejo de la Magistratura que beneficiaban al senador Luis Juez en detrimento del Frente de Todos. Esto, supuestamente, afianzaría el relato oficialista que denuncia que la Corte Suprema escribe fallos favorables al frente Juntos por el Cambio.
Sin embargo, D’Alessandro niega la veracidad de esos chats, asegura que fueron adulterados, y que son ilegales: el espionaje sin orden judicial no puede constituir prueba judicial. Y con obliga al oficialismo a probar esa supuesta connivencia y a convertir en legal la prueba que hoy no es valedera.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respaldó a D’Alessandro y el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, confirmó a A24.com que no le pedirán la renuncia: el Frente de Todos debe demostrar el delito que el propio acusado niega.
En medio de esa trama, el bloque de Juntos por el Cambio contraatacó y denunció una “mesa militar” de espionaje ilegal supuestamente montada en la AFI que dirige Agustín Rossi. El propio Rossi desmintió la denuncia y también negó que participe el ex jefe de Inteligencia Militar y ex jefe del Ejército Cesar Milani.
Los diputados opositores acusan que esa mesa fue impulsada por el diputado kirchnerista a ultranza Rodolfo Tailhade y que Milani digitaba la mesa con funcionarios de su confianza. El juicio político a la Corte Suprema será escrito por el ministro de Justicia, Martín Soria, y por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, insistirá en los pedidos de informes contra Rossi porque lo acusa de omitir datos clave. “El Gobierno comienza 2023 trastabillando. Habrá que obligarlo, democráticamente y de manera respetuosa, a que encuentre el mejor sendero en este año corto, complejo y decisivo”, dijo Alejandro “Topo” Rodríguez al enterarse del pedido de juicio político del Presidente contra la Corte.
La campaña presidencial rumbo a las elecciones de 2023 comenzó por los sótanos de la democracia, el espionaje ilegal y los hackeos de los bajos fondos de la inteligencia. Todo lo que Alberto Fernández había anunciado que suprimiría.
No sólo no lo hizo, sino que su mayor proyecto, el juicio a la Corte, su fundamentará en esas pinchaduras a la intimidad de sus opositores que no fueron ordenadas por ningún juez.